El Congreso capitalino aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y al Código Penal para el Distrito Federal, centrándose en la problemática de la violencia ácida.
El dictamen, proveniente de Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia, reforma, deroga y añade disposiciones en esta problemática a nivel local.
La diputada Ana Francis López Bayghen Patiño (MORENA) fundamentó el dictamen al revelar que en las últimas dos décadas, la Fundación Carmen Sánchez documentó 28 víctimas de ataques con ácido, siendo el 85 por ciento de los casos perpetrados por hombres. Cinco agresores eran parejas sentimentales y 11, ex parejas.
La nueva legislación establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con autoridades competentes, deberá llevar un registro oficial de casos en un plazo máximo de 90 días. Además, se crea una política pública integral para atender a las víctimas, liderada por la Secretaría de las Mujeres y otras entidades gubernamentales.
Dentro de las modificaciones al Código Penal, se determina que causar lesiones por ataques con ácido conlleva de 8 a 12 años de prisión y multas significativas. La pena se agrava si la agresión es de género, especialmente hacia mujeres transexuales o transgénero, marcando un avance significativo en la protección de derechos.
La legisladora Marcela Fuente Castillo (MORENA) destacó la urgencia de vincular la agresión como tentativa de feminicidio, subrayando la importancia de la prevención y reparación del daño. Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) resaltó el impacto positivo del dictamen al proporcionar herramientas a las autoridades de justicia.
La denominada “Ley Malena” fue respaldada por la diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana (PAN), quien abogó por un mayor control sobre la venta de productos químicos utilizados en estos ataques. Miriam Vestasaleria Cruz Flores (MORENA) coincidió en que la prevención es clave y afirmó que acciones representan un paso crucial en la lucha por garantizar los derechos de las mujeres en la capital.
