En las últimas décadas, se ha gestado un debate entre dos posturas frente a la propuesta para reducir las grandes desigualdades que hay, no solo en México sino en el mundo. Cada una con sus diversas ramificaciones pero al final siempre encontramos la contraposición entre la idea de que el estado no debe regular la actividad económica, dejando toda tarea productiva en manos de los particulares; contrastando con la idea de que el debe ejercer rectoría sobre los servicios y medios de producción más básicos.
Mientras que una postura pretende, al menos en teoría, alcanzar el desarrollo y bienestar humano a través de la competitividad y la innovación tecnológica; la otra hace lo propio a través de garantizar un piso mínimo de satisfacción para todas y todos, aún en detrimento de la eficiencia económica.
Es así que esta pugna, que penetra en todos los órdenes de gobierno, no distingue entre actividades esenciales y no esenciales, por lo que podemos ver a los grupos de ideología privatizadora queriendo aplicar los principios de libre mercado en todas y cada una de sus actividades, sin siquiera hacer consideraciones que valoren la dignidad humana más allá de los términos de rentabilidad electoral o de eficacia económica.
En distintas materias vemos esta pugna reflejada en grande rasgos de la siguiente forma: en salud, subrogar todos los servicios de atención y cuidados contra la concentración de las compras de gobierno y contratación de personal; en materia energética, la producción de energía como un derecho social y humano contra la supuesta eficacia en producción y protección al ambiente; e incluso lo vemos en seguridad con la existencia de diferentes tipos de policías contra la seguridad privada para guardar personas y bienes particulares.
Ambos modelos económicos tienen sus asegunes y ninguno parece ser el mejor por encima del otro, dependiendo su conveniencia de quien se encuentre en la posición de poder aplicarlos de forma material a través de los instrumentos de gobierno. No conviene estar casado con cualquiera de las dos posturas pues el dinamismo de cada una puede beneficiar en ciertos aspectos y contextos a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, ninguna de las dos está exenta de su deber primordial que es trabajar por el bienestar de la persona y sociedad, siempre estando enfocado en modificar las condiciones materiales de sus entornos para que de esa forma, todas y todos tengamos mejores oportunidades de conservar, mejorar, adquirir y proteger un estado generalizado de bienestar.
