El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que el Gobierno del Estado garantizará la seguridad para candidatos a un cargo de elección popular en Puebla, luego del homicidio del abanderado al alcaldía de Acatzingo por Morena Jaime González y el asesinato de Juan Venancio, quien era esposo de una candidata a regidora de la alianza PRI-PAN en Tehuitzingo.
En entrevista posterior a la Ceremonia luctuosa de Emiliano Zapata, el titular del Poder Ejecutivo Estatal explicó que el caso de ayer en Tehuitzingo, la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones correspondientes, sin embargo, dijo que se trató del caso del esposo de una ex regidora, además en el momento de los hechos se encontraba en un actividad laboral, por lo que queda descartada la posibilidad de un tema político.
“Han reportado varias solicitudes de Seguridad, se les está dando a todos ellos, hay que analizar perfectamente cuáles son las condiciones por temas políticos”, puntualizó.
Agregó que todas las solicitudes de los candidatos serán atendidas por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a fin de brindarles el protocolo de Seguridad durante el periodo de campaña.
En este sentido, descartó que Acatizingo y Tehuitzingo sean focos rojos en el mapa electoral, tras los últimos crímenes contra candidatos y aspirantes a un cargo de elección popular.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación Javier Aquino Limón precisó que de los candidatos a un cargo de elección popular en el proceso electoral 2024 en el estado, 25 han solicitado el protocolo de Seguridad , de las cuales 17 se han atendido y han pasado al proceso de validación.
El encargado de la política interna en Puebla indicó que aquellos candidatos que soliciten seguridad y presenten su denuncia se abrirá una carpeta de investigación y se aplicarán las medidas necesarias, por lo que desde la Secretaría de Gobernación se analiza si se les puede brindará un acompañamiento y medidas de seguridad durante la campaña.
Enfatizó que por un tema de secrecía el Gobierno del Estado no puede revelar los nombres, municipios y partidos de los abanderados que han solicitado la seguridad a fin de poner en riesgo sus actividades.
