Quito. Al menos 8 ejecuciones extrajudiciales, por parte de militares, se habrían cometido desde el 9 de enero pasado en Ecuador, día en el que Daniel Noboa instauró el “Conflicto Armado Interno”. Por eso, la Fiscalía ha iniciado ya las investigaciones. Y se añaden detenciones arbitrarias y malos tratos en las cárceles, como tortura. Incluso, organizaciones de defensa de los derechos humanos fijan parámetros de proceder irregular y anticonsticional. Todo eso en medio de un recrudecimiento de las muertes violentas en las últimas 72 horas.
A pesar de ello, ayer el presidente ecuatoriano, mediante un video en sus redes sociales, declaró un nuevo estado de excepción, por 60 días, en siete provincias, pues “en cinco meses hemos logrado devolverle la paz a los ecuatorianos y hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra. Una guerra que se ha sectorizado”, dijo.
Esta acción ocurrió el mismo día que le llegó una carta de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), que señala “con enorme preocupación, el aumento de la violencia, que en los últimos años se ha convertido en uno de los países con la tasa de homicidio más alta de la región. En reiteradas ocasiones hemos pedido a las autoridades que adopten políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos humanos, en particular, mediante el fortalecimiento del frágil sistema de justicia”.
Incluso, cuestiona que muchas personas detenidas no fueron llevadas ante un fiscal o un juez, lo que sugiere un patrón de detenciones breves al margen del proceso legal, seguidas de represalias, palizas y otros tratos degradantes por parte de soldados y policías. Lo mismo denunció el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, desde la ciudad de Guayaquil y que ya lo mencionó La Jornada en ediciones anteriores.
Para HRW, amnistíar o indultar a militares y policías podría generar impunidad para los responsables de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Por esa razón, HWR y otras organizaciones locales piden a Noboa aplicar las normas de enfrentamiento del derecho internacional humanitario, respetar las obligaciones de investigar, perseguir y sancionar las violaciones de derechos humanos, y limitar el papel de las Fuerzas Armadas a situaciones estrictamente necesarias.
De las nueve mil detenciones reportadas a finales de febrero, la Fiscalía dijo que solo recibió 494 noticias del delito. De esas detenciones, al 20 de febrero, la Fiscalía realizaba pesquisas previas sobre 339 casos. Uno de lo que más llama la atención es lo que el régimen de Noboa informó en su momento: el 11 de marzo de 2024, el Gobierno ecuatoriano dijo que, desde el 9 de enero, 15 presuntos “terroristas” fueron abatidos en operaciones de seguridad.
Hasta ahora, la Fiscalía abrió ocho investigaciones sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. De ellas, HRW dijo que, desde enero, solo recibió informes de dos posibles ejecuciones extrajudiciales y documentó otro caso: el 2 de febrero, el Ejército publicó que aprehendió a dos terroristas ante un intento de ataque a un retén militar. Sin embargo, las denuncias de varias personas y organizaciones dan cuenta que Carlos Javier Vega, de 19 años, fue acribillado por soldados, cuando con su primo Eduardo iban a vender un perro en el sur de ciudad de Guayaquil, y una patrulla los detuvo sin motivo
HRW recibió testimonios sobre familiares y vecinos detenidos sólo porque pasaban por una zona donde las fuerzas de seguridad hacían vigilancia. Y algo más: cuando son llevados a la cárcel reciben mal trato y se les deja sin comida hasta dos días.
A las organizaciones pro derechos humanos preocupa que se entregue el control de las cárceles a los militares porque atenta contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre todo, cuando a los presos se los deja incomunicados y sin alimentación. Incluso, los familiares de los detenidos denuncian que la comida que llevan a sus parientes se comen los militares.
