En una decisión poco común, un juez federal el jueves pareció revertir su propio fallo que bloqueaba la aplicación en toda Florida de una de las principales políticas de inmigración del gobernador Ron DeSantis que criminaliza a cualquier persona que transporte inmigrantes indocumentados al estado.
Apenas unas horas después de que el juez Roy K. Altman dejara claro que su orden restrictiva emitida el miércoles estaba destinada a aplicarse en todo el estado, emitió una orden separada y contradictoria en la que ponderó si su propio fallo de un día antes era demasiado amplio, lo que provocó confusión entre abogados y activistas de inmigración.
“Tras una mayor reflexión”, escribió Altman en una orden divulgada el jueves por la tarde, “ahora invitamos a que envíen información adicional sobre el alcance adecuado de la orden restrictiva”. Altman invitó a los abogados del caso –que representan a la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y a la Farmworker Association of Florida– a presentar argumentos antes del 6 de junio sobre el alcance que debería tener la orden.
Antes de que Altman pisara el freno el jueves, activistas y abogados habían celebrado el fallo, argumentando que la ley perjudica a los proveedores de servicios que ayudan a los inmigrantes, a las familias de estatus mixto que viven en diferentes estados y a los trabajadores agrícolas estacionales que van tras las cosechas por todo el país.
La Patrulla de Carreteras de la Florida ha arrestado al menos a 11 personas en virtud de la ley, y es probable que se produzcan más arrestos en jurisdicciones locales. En un caso, un ciudadano mexicano lleva más de seis meses en la cárcel del condado tras ser arrestado por tráfico de seres humanos por conducir a otros seis ciudadanos mexicanos en una vagoneta de Georgia a la Florida.
Yesica Ramírez, coordinadora general de la Farmworker Association, declaró al Miami Herald antes de que Altman diera marcha atrás que el grupo estaba “muy agradecido” con su decisión, porque la ley tenía un “impacto muy negativo” en las comunidades de inmigrantes de Florida.
Ahora, las órdenes contradictorias han sembrado confusión sobre cómo procederán los casos pendientes que están siendo procesados bajo la ley de contrabando de personas.
Explicación del cambio
La ley de Florida en el medio del caso ha sido una piedra angular de la agenda de inmigración de DeSantis desde que entró en vigor el año pasado. La ley hace que sea más difícil para los inmigrantes indocumentados vivir y trabajar en Florida y obstaculiza la capacidad de los proveedores de servicios para transportar a inmigrantes indocumentados a través de las fronteras estatales a citas para servicios médicos y de inmigración.
La Farmworker Association of Florida, un grupo activista de casi 12,000 trabajadores temporales y migrantes en el estado, impugnó la ley, con la ayuda de abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council.
Para explicar su cambio de opinión, Altman, un jurista nombrado por Trump en el Distrito Sur de Florida, citó un debate legal sobre las llamadas órdenes restrictivas universales —órdenes judiciales de gran alcance que pueden impedir la aplicación de una política gubernamental— que, según expertos, los jueces han usado con más regularidad desde la administración de Trump.
En su primera orden del jueves, Altman había rechazado el argumento de los funcionarios de Florida de que la orden restrictiva preliminar debería limitarse para que aplicara solamente a los demandantes con legitimación en el caso porque, entre otras razones, causaría un litigio “innecesario” sobre el asunto. También escribió que “los tribunales conceden habitualmente órdenes restrictivas a nivel estatal” cuando es probable que los demandantes puedan demostrar que una ley estatal tiene precedencia.
En la segunda orden del juez el jueves, no discutió los méritos o la legalidad de la ley de DeSantis, sino que pidió a las partes que explicaran por qué la orden debería aplicar solo a los demandantes, al sur de la Florida o a todo el estado.
Altman citó una orden judicial emitida el 7 de mayo en un caso federal en Arkansas que concluyó que el estado no puede impedir que dos maestros de secundaria analicen la teoría crítica de la raza en el aula de clases. En ese fallo, el juez federal no llegó a bloquear de forma más amplia la implementación por parte del estado de la prohibición de enseñar esa materia en las escuelas públicas.
