McAllen. Un juez federal de Texas ordenó este lunes la suspensión temporal de las nuevas protecciones que implementó el gobierno del presidente Joe Biden que otorgarían una vía para la naturalización a los cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadunidenses.
El juez de distrito J. Campbell Barker ordenó la suspensión después de que 16 estados, todos con fiscales republicanos, impugnaron el programa con una demanda interpuesta el viernes, en la cual aseguraron que la medida alentaría a la inmigración sin papeles.
Biden anunció el programa en junio y la suspensión se produce una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a aceptar solicitudes.
La orden suspende el programa por lo menos dos semanas en lo que continúa el proceso legal.
“Las acusaciones son significativas y ameritan una mirada más de cerca de lo que la corte ha podido darle hasta el momento”, escribió Campbell.
El programa ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadunidenses que no cuenten con estatus legal —pero que cumplen con ciertos criterios— una vía para naturalizarse al permitirles solicitar una tarjeta de residencia y permanecer en el país en lo que se lleva a cabo el proceso. Tradicionalmente, el proceso podría incluir una espera de varios años fuera de Estados Unidos, provocando lo que los activistas comparan con una “separación de familias”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió por el momento a un email enviado para solicitar comentarios al respecto.
Varias familias recibieron una notificación de que sus solicitudes habían sido recibidas, según los abogados que defienden a familias que califican para inscribirse en el programa y que horas antes el lunes habían presentado una moción para intervenir.
“Texas no debería ser capaz de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadunidenses y sus cónyuges inmigrantes sin confrontar su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, durante una conferencia de prensa antes de que se diera a conocer la orden.
La coalición de estados acusó al gobierno de eludir al Congreso por “flagrantes fines políticos”.
