“La venta de alcohol en la vía pública incrementa las conductas antisociales y los riesgos de violencia urbana, ya que los espacios donde se consume alcohol sin regulación tienden a convertirse en focos de altercación y desorden, pues se carece de medidas de seguridad y protección civil que colocan en situación de riesgo a la ciudadanía”, enfatiza el documento.
También expone que los lugares que venden bebidas alcohólicas sin permiso, violan las leyes fiscales y las normativas, lo que representa una pérdida de ingresos para el Estado y fomenta un mercado informal, que además carece de controles sanitarios mínimos.
Señala, además, que el consumo desmedido de alcohol en lugares sin regulación se ha visto asociado a un incremento en los accidentes de tránsito, tanto de vehículos como de peatones, particularmente en zonas urbanas con alta concentración de personas y vehículos, y la presencia de esos puntos de venta facilita el acceso de menores de edad a bebidas embriagantes, exponiéndolos a riesgos para su salud física y emocional, y vulnerando su integridad personal.
“A pesar de los esfuerzos realizados a través de regulaciones administrativas y multas, la persistencia de estas actividades demuestra que los mecanismos actuales no han sido suficientes para disuadir estas prácticas”, puntualiza.
Destaca que la reforma a la Ley de Justicia Cívica pretende no solo generar un efecto disuasorio, sino también facilitar la labor de las autoridades encargadas de la vigilancia y el control del comercio de bebidas alcohólicas, dotándolas de una herramienta jurídica adecuada para combatir estas prácticas.
La iniciativa plantea que la venta de bebidas alcohólicas en vía pública sea considerada una infracción contra la seguridad ciudadana, y con ello las llamadas chelerías puedan ser sancionadas con multas de hasta 30 UMAS, es decir, 3 mil 257 pesos y arresto de hasta 36 horas.
