La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informó que denunció ante la comunidad nacional e internacional el grave retroceso democrático y jurídico
que representa la reciente reforma judicial.
La Jufed hizo un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante este golpe de Estado franco y abierto. Instamos también a la Organización de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a condenar este retroceso democrático, que coloca a México del lado de las autocracias
.
El fin de semana, los jueces y magistrados del país que integran la Jufed decidieron regresar a sus actividades a partir de este miércoles 16; con ello pondrían fin al paro que se inició el 19 de agosto en el Poder Judicial de la Federación (PJF). A cambio pidieron a su dirigencia que se realicen otras modalidades de protesta en contra de la reforma hasta lograr que se derogue.
Ayer la asociación de magistrados indicó que la enmienda, al eliminar la independencia judicial, compromete seriamente el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por el país, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual exige que las naciones integrantes mantengan un sistema judicial imparcial e independiente para resolver disputas comerciales.
Debilita los derechos de los ciudadanos
Señaló que la reforma judicial aprobada pone en riesgo
dichos compromisos, debilitando
el marco legal que protege los derechos de los ciudadanos y de los inversores.
Consideró que esta violación no sólo es de carácter regional, sino que también vulnera el acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión Europea y sus estados miembros.
La citada reforma presenta varios impactos preocupantes. En primer lugar, no respeta la alta especialización y competencia de los tribunales actuales en áreas críticas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente, lo que puede afectar la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC.
Además, reiteró que la independencia e imparcialidad de los tribunales federales especializados están en riesgo, lo cual es un requisito fundamental según el capítulo 23 del tratado.
La falta de un sistema judicial confiable podría erosionar la confianza de los inversores y desincentivar la inversión en el país. Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a asumir su responsabilidad histórica en la defensa de la independencia judicial.
