A pesar de la función crucial que debería desempeñar la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en la protección y promoción de las garantías fundamentales, la gestión actual en Puebla ha dejado mucho que desear. Anualmente, el presidente José Félix Cerezo Vélez se jacta de emitir más de 20 recomendaciones a las autoridades por agravio a ciudadanos. Sin embargo, suelen generarse años después de los incidentes, y en muchos casos, los mandatarios no las aceptan ni cumplen las sugerencias del organismo.
El comisionado también destaca que cada año llegan más de 4 mil quejas de la ciudadanía, pero en el portal oficial no existen mecanismos de transparencia para verificar si estas denuncias resultaron en una ayuda efectiva. No se puede garantizar que las víctimas recibieron asesoría jurídica, que se realizaron investigaciones profundas o que se ofreció una solución al daño sufrido.
Para víctimas entrevistadas, la Comisión se percibe como una institución de “adorno”, ya que interponer quejas no parece generar presión sobre la Fiscalía General del Estado (FGE), y no son utilizadas por los jueces como pruebas en casos de ultrajes. Ni siquiera logran intimidar a los agresores para cesar con su comportamiento negativo.
Por su parte, la abogada Mariana Durán Márquez destacó que la Comisión cuenta con un marco legal favorable y tiene el potencial de cumplir con sus objetivos, pero depende de cada presidente en turno y de la voluntad política de los señalados que pueda cumplir con sus metas o no.
¿Qué es una recomendación, una conciliación y una queja?, los casos que acumulan
Según la página oficial de la CDH Puebla, el año 2018 cerró con un total de 16 recomendaciones y 31 conciliaciones, todas cumplidas. La recomendación es un documento que sugiere acciones específicas a las autoridades para corregir violaciones de derechos humanos.
La conciliación, por su parte, busca resolver conflictos entre víctimas y autoridades a través del diálogo y acuerdos, permitiendo que ambas partes lleguen a una solución. Es importante señalar que las conciliaciones no necesariamente se cumplen en el mismo año, ya que las autoridades pueden tardar varios años en atenderlas.
En 2019, durante el último periodo de Adolfo López Badillo, la Comisión de Derechos Humanos emitió 24 recomendaciones y alcanzó 23 conciliaciones, con solo una de ellas “no aceptada” por las autoridades.
En 2020, bajo la dirección de José Félix Cerezo Vélez, el número de recomendaciones aumentó a 27, y el comisionado aseguró que todas fueron concluidas. Sin embargo, al realizar una revisión, se comprobó que 7 de ellas no fueron aceptadas ni cumplidas, a pesar de que la Comisión las dio por cerradas.
En 2021, se emitieron 40 recomendaciones y 11 conciliaciones, con la afirmación de que todas fueron cumplidas. En 2022, el panorama cambió con 32 recomendaciones y 55 conciliaciones; aunque en 15 de esos casos, las autoridades no aceptaron ni cumplieron, pero la Comisión consideró los hechos violatorios como cerrados.
Para 2023, la Comisión registró 41 recomendaciones y 10 conciliaciones, de las cuales, en la mitad, los entes violadores no aceptaron o no cumplieron. Además, un caso permanece abierto con la etiqueta de “seguimiento”. En lo que va del 2024, se han emitido 34 recomendaciones y 11 conciliaciones, con solo 2 cumplidas y el resto en seguimiento.
Esto significa que, a pesar de emitir más de 30 recomendaciones anuales y señalar a las autoridades—con la Fiscalía y los ayuntamientos como los principales agresores—no todas las personas que presentan denuncias obtienen justicia. Los titulares de organismos y los gobernantes pueden eludir su responsabilidad, argumentando discrepancias en la interpretación de los hechos denunciados.
En cuanto a las quejas, son denuncias formales que los ciudadanos presentan cuando consideran que han sido víctimas de violaciones a sus derechos. Pueden abarcar diversas situaciones, como abuso policial, violencia de género, discriminación, falta de acceso a servicios públicos, entre otros.
La única forma de consultar las quejas es a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aunque esta base no permite acceder a los registros del 2019 y 2020, argumentando que la misma CDH “pudo haberlos borrado” o “desactualizado”. El listado que sí está disponible es el del 2021, que cerró con un total de 4 mil 438 quejas. (Fue el segundo año de Félix Cerezo al frente de la Comisión).
En 2022, el número de quejas aumentó a 8 mil 362, y en 2023 se registraron 8 mil 386; pero, esta última cifra difiere de lo que Cerezo reportó en su último informe de actividades, donde mencionó 8 mil 378 quejas por presuntas violaciones. De estas, solo el 58 por ciento fueron consideradas “resueltas”, aunque no se especificó bajo qué criterios.
De enero a junio de este año, se han presentado 4 mil 887 quejas, pero no hay herramientas de transparencia que permitan verificar el seguimiento. A través de la PNT, solo se puede acceder a información básica, como el sexo de la víctima, el ente denunciado y el detalle de los hechos. No hay forma de saber si se brindó apoyo a las víctimas, si se les orientó adecuadamente o si la Comisión intervino para restituir sus derechos.
“Es una institución de adorno que no ayuda, ni genera presión”: víctimas
Tannia Sánchez es víctima de violencia física, económica y ha denunciado un intento de feminicidio. Su ex pareja le dejó un mensaje amenazante en su coche, advirtiéndole que, si seguía “molestando”, una bala sería para su cabeza. A pesar de la gravedad de su situación, su caso ha sido minimizado por la Fiscalía y solicitó ayuda de la Comisión con el ID 267358.
En su expediente del 30 de agosto de 2024, Tannia pidió a la CDH que interviniera para que las autoridades le brindaran medidas de seguridad, pero no recibió ninguna respuesta. Las agresiones continuaron y su queja no fue considerada como evidencia. El 25 de septiembre volvió a acudir en busca de apoyo, pero una vez más no obtuvo ningún beneficio (Folio 269197).
“Honestamente sirve para que te atiendan bonito, pero no es garantía de que hagan caso a sus recomendaciones. En Fiscalía no les causó ningún temor ni presión y me lo dijeron los funcionarios: puedes ir a la Comisión, pero no por eso vamos a hacer lo que dicen, así me lo dijo una ministerio público”, lamentó.
Tannia no es la única. Otra mujer, integrante de la Colectiva Madres Viviendo Violencia Vicaria y Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, prefirió permanecer en el anonimato por miedo a represalias. Ella señaló que el organismo parece ser solo un “adorno”, ya que su existencia no mejora la calidad de vida de las víctimas.
En su caso, su ex pareja la violentó, se llevó a su hija y ahora la acusa de un delito. Temiendo por su vida, acudió a la CDH, pero le informaron que su expediente “se concluiría” porque no son juzgadores. Le recomendaron que, si tenía quejas contra jueces o servidores judiciales, se dirigiera al Consejo de la Judicatura, en lugar de a la Comisión.
Gabriela Rosas, líder de la Colectiva, resaltó la falta de compromiso, lo que revela una preocupante realidad: las voces que buscan justicia a menudo son ignoradas, dejando a las víctimas en un limbo de incertidumbre y desamparo.
“Aunque se interpuso la queja en la CDH, se cerró el expediente por no ser de su competencia. La Comisión no funciona para las quejas que ella presentó. Solicitaron un informe para entregárselo a la Fiscalía, pero no lo hicieron. Si bien ejercieron presión en su momento, no fue suficiente; parece que no tienen prisa por resolver nada. No está cumpliendo su función para beneficiar a las víctimas”, concluyó.
Para finalizar, Mariana Durán Márquez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), consideró que la Comisión tiene las leyes a su favor para cumplir con sus objetivos. El Código Penal de Puebla le otorga la autoridad para investigar violaciones, recibir quejas de ciudadanos y emitir recomendaciones a las autoridades.
Esto les proporciona un marco legal para actuar y fortalecer su legitimidad. En suma, la CDH pueden tener la facultad de realizar investigaciones y supervisar el cumplimiento de las autoridades en materia de derechos humanos y contribuir a la rendición de cuentas.
A pesar de eso, la efectividad de estas funciones depende en gran medida de la calidad del liderazgo de su presidente y de la transparencia en su gestión. Asimismo, de la voluntad política de las autoridades para acatar sus recomendaciones y garantizar un ambiente propicio para el respeto a los derechos humanos.
