Con la implementación de la reforma judicial a nivel local, los magistrados de la Ciudad de México gozarían de su haber de retiro, por lo que recibirían más de 10 millones de pesos cada uno, lo cual significaría un gasto de mil 647.6 millones de pesos, es decir, 80 por ciento del costo que tendría la elección, estimado en 2 mil 45.9 millones de pesos, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ), Rafael Guerra Álvarez.
Aunque no precisó el número de magistrados que tendrían este beneficio, aseguró que se les debe otorgar independientemente de si participan o no en la elección. Por ello, reiteró su propuesta de que la elección judicial se realice de manera gradual, porque “hacerlo en un solo momento implicaría más de mil 600 millones de pesos que se tienen que pagar del erario, (…). Es una obligación constitucional, esto es: hay que pagárselos”, recalcó.
Durante una mesa de trabajo con diputados del Congreso capitalino, explicó que el universo de jueces para poner en funcionamiento la reforma implicará más de 400 togados (actualmente son 367).
Como parte de la implementación de la reforma está la creación del nuevo tribunal de disciplina, quiere decir que todas las plazas de magistrados, así como el personal que lo va a integrar, son plazas nuevas y por tanto tenemos que tener no sólo presupuesto de infraestructura, sino de nómina totalmente
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Asimismo, se debe contemplar la creación del órgano de administración judicial y el órgano de disciplina, el cual actualmente es un área de vigilancia del Consejo de la Judicatura, y que tendrá cinco integrantes. Hoy día cada miembro del consejo tiene entre 35 y 50 colaboradores que los asiste, los que potencialmente pasarían al órgano, con lo que algunos de los aspectos de la reforma podrían realizarse a costos compensados; no obstante, recalcó la necesidad de dotarlos de mobiliario y tecnología.
En su exposición, Guerra Álvarez reiteró que el Poder Judicial de la Ciudad de México requiere de más de 10 mil millones de pesos para operar en 2025, pues desde 2020 arrastra diversos pasivos que alcanzan 760 millones de pesos, la mayoría corresponden a adeudos con proveedores de empresas que invirtieron su dinero con nosotros y no les pagamos
por falta de presupuesto.
