Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum envió hoy a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que prevé constituir una agencia reguladora, con atribuciones para que el Estado “ejerza un mayor control respecto a la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria”.
La reforma –mediante la cual también se modifican otras leyes, como la Orgánica de la Administración Pública Federal; de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Vías Generales de Comunicación, y General de Bienes Nacionales– es reglamentaria de la enmienda constitucional aprobada en octubre, que recupera para el Estado el control del sector y la construcción y operación de trenes de pasajeros.
El documento, de 178 páginas, establece que “para garantizar la consolidación y continuidad del sector ferroviario resulta necesario crear el organismo descentralizado agencia de trenes y transporte público integrado, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”.
Dicha entidad sustituirá a la actual Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).
Dicho organismo tendrá facultades para organizar las labores del Estado en materia construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, para mejorar el servicio tanto de carga como de transporte público de pasajeros.
Con la nueva agencia, argumentó en la iniciativa, “se consolidará una estructura especializada capaz de coordinar de manera eficiente los proyectos ferroviarios históricos impulsados por la actual administración”, como los trenes México-AIFA-Pachuca; México-Nuevo Laredo; México-Nogales y México-Veracruz.
Además, dará “acompañamiento técnico y estratégico a los estados y municipios en el desarrollo de proyectos en dicho sector” y “robustecerá las actividades de regulación, vigilancia, supervisión y verificación del transporte ferroviario de carga y de pasajeros”.
Entre las funciones del nuevo organismo también estará verificar que las estaciones ferroviarias se integren correctamente en el entorno urbano y con los servicios de transporte público locales, y planear el desarrollo y construcción de infraestructura ferroviaria y multimodal sustentable.
Por otro lado, podrá “construir vías generales de comunicación ferroviarias, para la operación, explotación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, y “adquirir infraestructura férrea, así como sus componentes y equipo de transporte público ferroviario”.
Facultades para sancionar y otorgar concesiones
Por otro lado, se plantea que la agencia pueda aplicar sanciones a concesionarios y permisionarios por el incumplimiento de la obligación de contar con una garantía legalmente otorgada o con pólizas de seguro vigentes para el cumplimiento de concesiones, asignaciones, permisos o autorizaciones.
“Con ello, se busca garantizar el pago de indemnizaciones por daños a terceros y a las vías generales de comunicación mediante la contratación de seguros que cubran íntegramente estos riesgos”, explicó en el documento.
Según la iniciativa, la agencia deberá “administrar el derecho que tiene el Estado para la utilización de las vías ferroviarias, con la finalidad de prestar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros y de carga, el cual podrá otorgarse mediante asignación o concesión”.
También deberá apoyar a la SICT “en la planeación del desarrollo estratégico en materia ferroviaria y tramitar ante ésta el otorgamiento de concesiones y asignaciones para la construcción, operación y explotación del sistema ferroviario”, así como en los procesos de licitación pública en la materia.
Entre otras facultades de la agencia estaría “emitir recomendaciones a las personas concesionarias, asignatarias y permisionarias para que implementen las secciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema ferroviario”.
En el mismo sentido, “aprobar las pólizas de los seguros y sus renovaciones” que deben tener los mencionados particulares; administrar y controlar las concesiones, asignaciones y permisos, incluidas la posible revocación de los mismos, y aplicar las infracciones y multas necesarias.
