Ciudad de México. Asesores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) se reunieron con un grupo de vecinos de la colonia Vallejo, quienes este jueves bloquearon el cruce de Bucareli y Paseo de la Reforma, para exigir que deje de interponer recursos legales que obstaculicen las acciones del Gobierno de la Ciudad de México en la reubicación de los migrantes asentados de manera irregular en la zona de las vías del tren. Durante el encuentro que duró en promedio dos horas, representantes de la Unidad de Asesoría Jurídica, así como de la Dirección de Prestaciones del Servicio y Asesoría Especializada en temas de movilidad del IFDP, explicaron a los inconformes los efectos de la suspensión definitiva que concedió el juzgado décimo de distrito en materia administrativa, en la Ciudad de México, para que la reubicación se realice en condiciones que respeten los derechos humanos de los refugiados y no forzada. También expusieron que ahora compete a la autoridad capitalina presentar ante el impartidor de justicia la planificación y acciones para trasladar a las personas en movilidad a un albergue.
De acuerdo con el IFDP, la comisión calificó de positiva y constructiva la reunión y los argumentos que dio la Defensoría respecto de su actuación legal en la atención de protección de derechos humanos tanto de las migrantes como de los vecinos de Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. MaderoAsistencia jurídica: IFDPEn una entrevista que esta semana dio a La Jornada la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora de este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señaló que los migrantes que han sufrido violencia en sus países, se acercaron al IFDP ante la desconfianza y el miedo de ser desalojados de manera violenta.
“Nuestro trabajo es atender a las personas y representarlas jurídicamente cuando tienen un derecho que puede ser lesionado y que necesita protección. En ese sentido se promovió el juicio de amparo para que esos desalojos sean de manera informada, planificados y siempre mediante el ofrecimiento de albergues humanitarios en donde haya respeto a derechos humanos y condiciones dignas del propio alojamiento temporal, así es como están planteados los juicios de amparo”. “No estamos accionando para que las autoridades no hagan su trabajo, quienes tienen un deber de garantía y protección de los derechos humanos de las personas. Ocupar los espacios en la calle siempre es problemático y entendemos que la autoridad tiene que accionar cuando sucede eso, lo único que estamos pidiendo es que esas acciones sean siempre en comunicación con las personas”. Recordó que en marzo pasado, durante el desalojo del campamento ubicado en el camellón del Eje Central Avenida de los 100 Metros, primero intervinieron las autoridades de la Ciudad de México. “Las personas que no accedieron a irse a un albergue, al día siguiente fueron llevadas detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la estación de Las Agujas, pero eso no es lo más grave, promovimos amparos contra la detención, expulsión e incomunicación, porque 16 de esas personas terminaron, así como se oye, aventadas en la carretera en el estado de Tabasco”. “Ese es el miedo que tiene estas personas: Las intervenciones de las autoridades no siempre son respetuosas de sus derechos, por eso acuden al IFDP, y si hay un derecho que proteger, nosotras tenemos el deber constitucional y legal de darles asistencia jurídica. No podemos negar el servicio. Estamos accionando para que esas intervenciones de la autoridad local se den en condiciones de respeto a los derechos humanos” puntualizó.
