El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, afirmó que no habrá regreso a las rentas congeladas, pese a las acciones para regular el mercado inmobiliario.
El funcionario enfatizó que la nueva estrategia de desarrollo urbano no frena la inversión privada, pero sí establece reglas claras para garantizar vivienda asequible y frenar el desplazamiento por gentrificación.
En entrevista, Cravioto detalló que el gobierno capitalino destinará 9,000 millones de pesos en 2025 para la construcción de vivienda social, casi el doble que el presupuesto del año anterior. Esta inversión forma parte del Bando 1, una estrategia que contempla 14 medidas prioritarias, incluida la defensoría de derechos de inquilinos, la vigilancia de precios de renta y la identificación de zonas de tensión inmobiliaria.
El objetivo principal, según el funcionario, es que los habitantes puedan permanecer en sus barrios, en lugar de ser expulsados por el incremento de precios. “La ciudad no debe ser una mercancía”, puntualizó.
El Bando 1 surgió tras una serie de reuniones con especialistas y colectivos ciudadanos, así como después de la primera marcha contra la gentrificación en la capital. A lo largo de agosto, se realizarán mesas de trabajo con distintos sectores para afinar detalles legislativos, de cara al próximo periodo ordinario del Congreso local.
Cravioto negó categóricamente que el gobierno retome esquemas como el de rentas congeladas, vigente entre 1948 y los años noventa. Señaló que el Código Civil ya limita los aumentos de renta a la tasa de inflación anual y que el gobierno capitalino vigilará su cumplimiento.
En paralelo, la Secretaría de Ordenamiento Territorial realizará una revisión profunda en zonas de alta presión inmobiliaria para definir políticas específicas que impidan el acaparamiento o uso especulativo del suelo.
¿Qué otros cambios vienen en materia de vivienda?
La estrategia contempla también la identificación de tierra ociosa en zonas céntricas, con el fin de integrarla a nuevos proyectos habitacionales. El gobierno buscará acuerdos con propietarios que ya no puedan mantener sus inmuebles, sin afectar áreas verdes.
Por otro lado, se trabaja en agilizar los trámites para desarrollos habitacionales, especialmente aquellos que ya cuentan con dictámenes favorables en agua, vialidades y medio ambiente. La meta es ampliar la oferta de vivienda para contener los precios sin limitar la inversión.
Cravioto concluyó que se priorizará el interés colectivo frente a la especulación inmobiliaria, dejando claro que no se atentará contra la propiedad privada, pero sí se exigirán condiciones que favorezcan a la mayoría.
(Con información de Al Momento)
