La XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó por unanimidad una reforma constitucional impulsada por la gobernadora Mara Lezama. Esta reforma establece el derecho de la ciudadanía a tener una administración pública que sea honrada, eficiente y eficaz, con el objetivo de eliminar las malas prácticas de los gobiernos anteriores.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), el diputado Humberto Aldana Navarro, destacó en el pleno que la reforma tiene como propósito fundamental incorporar en la constitución los esfuerzos realizados por la administración actual para garantizar el respeto absoluto a la dignidad humana.
Por su parte, el diputado Guillermo Brahms González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, subrayó la importancia de esta reforma. Esta medida brindará una base legal para presentar reclamos en casos que involucren la dignidad humana y el derecho a una buena administración pública. Esto significa que las personas podrán exigir sus derechos en los tribunales en casos de violación.
Garantizando una administración pública transparente
La reforma incluye modificaciones a los artículos 12 y 17 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Establece el derecho de la ciudadanía a contar con una administración pública que realice sus tareas de manera responsable, siguiendo principios de igualdad y justicia. La administración pública deberá justificar sus acciones y siempre trabajar en beneficio del interés público.
La reforma será enviada a los once ayuntamientos del estado para que continúen con el proceso legislativo necesario.
Garantía de seguridad social para el personal municipal
Durante la misma sesión legislativa, se otorgó autorización a los Ayuntamientos de Tulum y Felipe Carrillo Puerto para que, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, proporcionen a su personal administrativo, operativo y de apoyo un régimen de seguridad social. Este régimen les asegurará seguros, servicios y beneficios laborales a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esta autorización permitirá a los municipios utilizar las participaciones federales futuras que les corresponden para garantizar el pago de las cuotas al IMSS. Además, el Poder Ejecutivo, a través de la SEFIPLAN, se comprometerá a ser garante solidario de los ayuntamientos en este asunto.
En el caso de Felipe Carrillo Puerto, esta autorización asegurará la seguridad social de los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del Ayuntamiento.
