Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arrancó el curso “Análisis Dogmático del Delito de Despojo y su Impacto en la Seguridad Jurídica de la Persona”, dirigido a fortalecer las capacidades técnico-jurídicas de su personal ministerial en la investigación de este delito.
El programa, impartido por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), busca dotar a los agentes del Ministerio Público de herramientas jurídicas para atender con mayor eficacia casos de despojo. Entre los temas se incluyen los elementos constitutivos del delito, sus formas de comisión, punibilidad y consumación, así como delitos relacionados, como la falsificación o alteración de documentos.
En la inauguración participaron Jorge Emilio Iruegas Álvarez, coordinador general de Investigación Estratégica; Jorge Adrián Gómez Carreño, coordinador del IFPES; y Roberto Garzón Jiménez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.
“Este modelo busca formar agentes analíticos, críticos y propositivos, capaces de traducir el conocimiento en resultados efectivos. Espacios como este son esenciales para acercar la justicia a la ciudadanía y hacerla más eficaz contra el delito”, afirmó Iruegas Álvarez.
El curso, que se desarrollará en 15 sesiones presenciales, contará con la participación de 40 personas de fiscalías especializadas y 60 invitados, quienes recibirán formación en derecho civil, notarial, mecanismos alternativos de solución de controversias y análisis de contexto.
Gómez Carreño destacó el liderazgo de la fiscal general Bertha Alcalde Luján y subrayó que la capacitación permitirá una comprensión más profunda del despojo, protegiendo los derechos de propiedad y la seguridad de las personas.
Estas acciones forman parte del Plan de Política Criminal y Persecución Penal y se suman a la Estrategia contra el Despojo de Inmuebles, impulsada por el Gobierno capitalino en coordinación con el Poder Judicial local.
Por su parte, Garzón Jiménez señaló que el despojo “no es solo un problema de propiedad, sino una violación al derecho humano a la vivienda”, por lo que su atención requiere perspectiva de derechos humanos y de género.
