Ciudad de México. Las sanciones económicas para los conductores del transporte público concesionado que cobren más de la tarifa autorizada, tras el reciente incremento de un peso con 50 centavos, irán de 5 mil hasta 60 mil pesos, informó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
En conferencia de prensa en la sede de la dependencia en la colonia Roma, donde estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno y de Administración y Finanzas, César Cravioto y Juan Pablo de Botton, respectivamente, señaló que el nuevo ajuste aplica a 17 mil vehículos, de los cuales 2 mil 500 ya cumplieron su vida útil, por lo que “esas unidades serán nuestra prioridad para iniciar su sustitución, pues ya no reúnen las condiciones necesarias para prestar el servicio”.
Reconoció que el ajuste significa un sacrificio para algunas personas; sin embargo, señaló que, considerando el aumento y el promedio de viajes en la Ciudad de México, representa aproximadamente 30 pesos y máximo 45 pesos al mes.
Agregó que los transportistas deben respetar los carriles exclusivos y no invadir los confinados del Metrobús y del Trolebús, además de acatar los límites de velocidad y exhibir la tarifa oficial en cada unidad. También señaló que está prohibido consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes y usar el teléfono celular –incluidos manos libres y audífonos– mientras conducen, y deben portar el uniforme establecido: pantalón oscuro y camisa blanca.
Indicó que la decisión reconoce y re-equilibra la tarifa que durante muchos años no había sido actualizada, y tomó también de base no solamente el precio de los combustibles, sino la inflación que proporciona tanto el Banco de México como las condiciones de la prestación del servicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Aseguró que Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero no tendrán incrementos en sus tarifas, por lo que los habitantes cuentan con opciones de transporte. Puso por ejemplo que en Aguascalientes el pasaje cuesta 10.50 pesos y en Chihuahua 12 pesos.
Rechaza albazo
Por otra parte, Víctor Alvarado, especialista en movilidad y políticas públicas, dijo en entrevista que el reciente ajuste no debe interpretarse como un aumento discrecional, sino una revisión prevista por la Ley de Movilidad, específicamente en el artículo 166, que establece que las tarifas deben evaluarse anualmente durante el tercer trimestre. Es decir: no es un albazo, es un proceso normado.
Mencionó que es importante diferenciar dos conceptos que suelen mezclarse; la tarifa social, que es la que paga el usuario y debe garantizar el derecho a la movilidad sin afectar su economía, y la tarifa técnica, que es el costo real de operar un sistema de transporte.
Indicó que la discusión pública no debe seguir centrada en si se aumenta o no el precio, sino en cómo financiar el transporte sin cargar el costo sobre los pasajeros.“La solución está en implementar esquemas de subsidio al transporte, donde la tarifa técnica sea cubierta mediante corresponsabilidad entre gobierno, concesionarios e instrumentos de financiamiento público y privado”.
En tanto, la bancada de Morena en el Congreso capitalino, en un breve posicionamiento resaltó que el aumento está por debajo de la inflación de los siete años anteriores, cuando se aprobó el último aumento tarifario.
