Ciudad de México. La medida para que las plataformas digitales de entrega de alimentos y paquetería en la Ciudad de México paguen 2 por ciento de sus comisiones al gobierno capitalino tendrá un “impacto importante y regresivo” en el terreno virtual, advirtió Alianza In, una asociación de empresas de tecnología en México.
Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el gobierno de la Ciudad de México cobre a las plataformas digitales de entrega de alimentos y paquetería 2 por ciento de sus comisiones por el concepto de “aprovechamiento” sobre el uso de la infraestructura capitalina, al revocar un amparo a la empresa Uber.
“La medida tendrá un impacto importante y regresivo en el ecosistema de plataformas del que dependen miles de personas, da un trato fiscal discriminatorio con respecto a otros prestadores de servicios similares y pone en duda el cumplimiento de México de sus compromisos comerciales internacionales, en particular los del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo Alianza In.
En términos del impacto económico, precisó, la medida “tendrá un efecto negativo que va más allá de las plataformas digitales. También afectará a las comunidades de repartidores, a los pequeños y medianos negocios que dependen en buena medida de esta modalidad de reparto y a los millones de consumidores que hacen uso diario de este tipo de servicios”.
Según Alianza In, la economía digital en este momento tiene impactos positivos sobre el crecimiento económico “y en las oportunidades de desarrollo”, al mismo tiempo de ser la expresión económica del ambiente de innovación e inclusión que se genera con la tecnología.
“Este impuesto es una barrera al crecimiento y un desincentivo a la innovación, además de generar un efecto sistémico preocupante en otras entidades federativas”, precisó la asociación.
Añadió que, de interpretarse a la letra esta decisión, debería aplicarse “a un sinnúmero de sectores que también utilizan la infraestructura de las ciudades para generar ingresos. Sin embargo, consideramos que esta decisión es desproporcionada e injusta”.
“Por último, es importante recordar que, en junio de este año, la SCJN había declarado la inconstitucionalidad de este impuesto en un juicio relativo al mismo artículo del Código Fiscal. La existencia de dos resoluciones opuestas dará pie a confusión e incertidumbre a las empresas”, concluyó.
