Informando que solamente los jueces federales tienen la autorización para solicitar la extracción de información de un número celular, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asestó un nuevo revés a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).
En una declaración emitida, el CJF reafirmó que solo los jueces federales tienen la potestad para evaluar las solicitudes de entrega de datos conservados de dispositivos móviles a la autoridad investigadora por parte de las empresas de telecomunicaciones.
Esta medida se fundamenta en la protección del derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones, establecido en el artículo 16 de la Constitución, lo que posiciona la autorización de entrega de información de números celulares como competencia exclusivamente federal.
“La entrega de datos a la autoridad investigadora, al implicar una restricción a ese derecho humano, no puede desvincularse de la protección establecida en el artículo constitucional; por tanto, para que se cumpla la obligación de entrega, es crucial contar con una autorización judicial federal“, subrayó el comunicado del CJF.
Revés a Ernestina Godoy
Esta aclaración del Consejo de la Judicatura Federal se percibe como un revés para Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, especialmente tras las revelaciones sobre la solicitud de registros telefónicos a compañías telefónicas.
Recientemente, el diario estadounidense The New York Times acusó a la fiscal de realizar actividades de espionaje, solicitando a una empresa de telecomunicaciones en México los registros de mensajes, llamadas y ubicaciones de prominentes políticos y funcionarios mexicanos.
Aunque la Fiscalía negó enérgicamente haber pedido escuchas telefónicas o datos de geolocalización a Telcel, así como registros de figuras políticas como Lilly Téllez o Santiago Taboada, esta situación desencadenó un intenso debate.
Postura de la Fiscalía capitalina
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, afirmó que las investigaciones se centran exclusivamente en aspectos jurídicos, desmintiendo las acusaciones del New York Times.
Por su parte, Ernestina Godoy defendió la postura de la Fiscalía, argumentando que los documentos presentados en el reportaje eran falsos y que la información usada no concuerda con la documentación oficial de la institución, lo que lleva a cuestionar su autenticidad.
