En Puebla, partidos deberán postular a personas indígenas al Senado de la República

En Puebla y siete estados más, los partidos políticos deberán postular a personas indígenas al Senado de la República, porque así lo determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las acciones afirmativas que se pondrán en marcha para el proceso electoral federal 2023 – 2024.

Durante la sesión de la autoridad electoral, se determinaron las medidas para acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y según los consejeros, es un hecho histórico porque serán las primeras elecciones en las que se contará con dichas acciones para la Cámara Alta.

Lo anterior porque en San Lázaro ya se ponían en marcha. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, explicó que serán nueve candidaturas para el Senado con acciones afirmativas.

Detalló que los partidos o las coaliciones deberán postular tres medidas afirmativas en los primeros 15 lugares de la lista de representación proporcional, una migrante, de la población indígena y personas con discapacidad.

En lo que respecta a los senadores por el principio de mayoría relativa, cuatro registros serán para la población indígena, uno a personas de la diversidad sexual y uno a afrodescendientes mexicanos.

Al mismo tiempo, aclaró que las postulaciones de las candidaturas para la población indígena aplicará en las entidades donde más del 30 por ciento de la población forma parte de ese sector.

En dicho rubro se incluyó a Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.

Al hablar, la consejera Carla Humphrey Jordan explicó que lo dictado por el TEPJF marcará un precedente para futuras elecciones con el fin de incluir a los sectores de la población que han sido relegados.

“La importancia de este acuerdo es trascendental porque vamos a marcar un antes y un después, será la primera ocasión en la que tendremos acciones afirmativas para el Senado de la República”, opinó.

Las acciones son políticas temporales que tienen el objetivo de impulsar a grupos que han sido discriminados con el fin de ayudarlos, por ejemplo, las personas indígenas y de la diversidad sexual.

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