Oficinas secretas, semanas de espera, llamadas desde números privados, acuerdos de confidencialidad. Estos son algunos de los elementos del nuevo programa migratorio estadounidense conocido como Movilidad Segura, que busca “la expansión de rutas legales hacia los Estados Unidos u otros países para personas refugiadas y migrantes en Suramérica y Centroamérica”, según su página oficial.
Estados Unidos lanzó el programa en junio con el propósito de “reducir la migración irregular”, y creó oficinas migratorias en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Pero a tres meses de su estreno, menos del 1% de los casi 29.000 solicitantes en Colombia ha pasado al Programa de admisiones de refugiados norteamericano, de acuerdo con datos oficiales. La falta de información y el secretismo sobre el proyecto dejan a los expertos consultados por EL PAÍS perplejos, y a decenas de miles de migrantes atrapados entre la esperanza y la incertidumbre.
El proceso de solicitud de Movilidad Segura suena sencillo. El comunicador venezolano Eliezer Briceño cuenta por videollamada que la realidad es otra. “Es tedioso”, dice el caraqueño de 40 años. Se inscribió el pasado 11 de agosto junto con su esposa e hijo de 8 años a través del portal web oficial. Lo logró en su segundo intento, tras fracasar cuando lo probó desde su teléfono móvil. “La página no es tan sociable. Cualquier persona que no tenga un buen equipo tecnológico no va a poderse inscribir rápido. Además, tienes que tener una buena conexión de internet porque la página es pesada”, asegura.
El portal se encuentra actualmente cerrado en Colombia debido a que ha recibido demasiadas aplicaciones. Abrirá de nuevo el 10 de octubre, explica a EL PAÍS una vocera de la Embajada estadounidense que está encargada del programa. Los cupos disponibles se llenaron rápido, en los dos periodos de pocas semanas que ha abierto desde el lanzamiento.
Briceño salió de Venezuela hace siete años con su esposa e hijo en búsqueda de mayor estabilidad financiera y emocional. Ahora, vive y trabaja en Ciudad Bolívar, una de las localidades más empobrecidas de Bogotá. Cuando se enteró de Movilidad Segura se emocionó mucho. “¡Uau! Sería fabuloso que pudiéramos optar”, cuenta que fue su primera reacción.
El padre de familia es uno de los millones de migrantes en Colombia que pueden solicitar migrar a Estados Unidos, Canadá o España a través de Movilidad Segura. El programa, que no está abierto a colombianos, “está dirigido a personas cubanas, haitianas y venezolanas que se encontraban en el país el 11 de junio de 2023 o antes, y que al momento de aplicar cuentan con un estatus regular o están en proceso de regularización”, según la página oficial.
Siete semanas después de enviar la solicitud, sin embargo, Briceño cuenta que no ha recibido noticias sobre su estatus. “Solo tengo un pantallazo de mi recibo que dice que me van a llamar. Así que estoy con el teléfono prendido 24/7. Siempre estoy pendiente”, asegura.
La situación de Briceño es la misma que viven más de 28.000 personas en Colombia. De los alrededor de 29.000 migrantes que se han postulado para Movilidad Segura desde este país, 260 han pasado al Programa de admisiones de refugiados de Estados Unidos (USRAP), de acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Estado, del 28 de agosto. Los funcionarios de Movilidad Segura no ofrecen información sobre el estatus migratorio de estas personas después de que las pone en contacto con USRAP.
La espera “es desesperante”, califica el comunicador venezolano. “Ir a Estados Unidos me cambiaría mucho la vida. Y no me atrevo a hacer esa odisea por la selva”. En lo que va de año, más de 330.000 personas han cruzado el Tapón del Darién —la selva que separa a Colombia de Panamá, a la que se refiere Briceño. Uno de cada cinco migrantes que ha hecho esa travesía, llena de todos los peligros imaginables, ha sido un niño, informa la ONU.
Movilidad Segura es una de las respuestas del Gobierno estadounidense a la crisis migratoria que vive Occidente, explica una funcionaria del programa. Más de 20 millones de personas en América Latina y el Caribe han sido desplazadas por las varias crisis humanitarias, políticas y económicas en la región. Gran parte de estos problemas se reflejan en la frontera estadounidense con México, donde miles de migrantes llegan cada día, lo que ha resultado en una situación de extrema vulnerabilidad para ellos y una polémica enorme para el presidente norteamericano, Joe Biden. Pero no es el único lugar: Colombia ha recibido unos 2.500.000 de venezolanos y Perú otros 1.500.000.
Para enfrentar esta crisis, el Gobierno de Biden ha abierto este año, en colaboración con la OIM y el ACNUR, cinco oficinas migratorias en América Latina; una en Guatemala, otra en Costa Rica, y tres en Colombia, de donde ha llegado casi el 70% de las más de 40.000 aplicaciones a Movilidad Segura. Los centros colombianos se encuentran en Cali, Medellín y Soacha, un municipio empobrecido conurbado con Bogotá. Están operativas pero sus direcciones son privadas, según la funcionaria estadounidense, para la seguridad de los migrantes.
Adam Isacson, director de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos, explica que aunque los directores de Movilidad Segura “se lo están inventando sobre la marcha”, es normal que no quieran hacer públicas las direcciones. “Probablemente quieran evitar que haya miles de personas afuera de sus instalaciones, como pasó en Tapachula, México”, dice. En múltiples ocasiones este año, grupos de miles de migrantes han irrumpido en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad, la más grande en la frontera que divide México de Guatemala. No ha habido muertes en estos incidentes.
En Colombia, los solicitantes se enteran de las direcciones de las oficinas solo cuando se les notifica que han sido seleccionados para una cita. Ariel Ruiz, analista del Migration Policy Institute, asegura por teléfono que esta parte del proceso está en manos de las ONG, no del Gobierno estadounidense. Una vocera del ACNUR lo confirma. “Las oficinas de Movilidad Segura, apoyadas por ACNUR y OIM, realizan la identificación de casos y acompañan a las personas durante el proceso para evaluar la elegibilidad de su caso, incluyendo eventualmente entrevistas presenciales, para presentarlo posteriormente a consideración de las autoridades en Estados Unidos”, escribe por correo electrónico a este diario.
El trabajo de las dos entidades multilaterales del sistema de la ONU es averiguar si cada solicitante tiene cabida en alguna de las cuatro vías migratorias que ofrece el programa: el reasentamiento como refugiado, la reunificación familiar, una visa de empleo temporal o el permiso humanitario ―conocido en EE UU como parole. “Está claro que no hay suficientes vías legales para atender a todas estas personas. Por ello, los agentes del programa tienen opciones limitadas”, admite Ruiz.
Una vez una de las organizaciones identifica a un buen candidato, Movilidad Segura lo contacta. Lo hace vía telefónica, sin previo aviso y desde un número privado, al que el interesado no puede devolver la llamada si no pudo responder. Durante esta conversación, le notifican de que ha sido elegido para el siguiente paso: una cita en las instalaciones. Lo que pasa cuando acuden a las oficinas secretas para las reuniones, sin embargo, “es desconcertante”, sentencia Isacson.
EL PAÍS entrevistó por vía telemática a una decena de migrantes que han tenido citas con Movilidad Segura en Colombia. Algunos solo han tenido una entrevista, otros llevan varias. Un par ha terminado el proceso y asegura que se está preparando para viajar a Estados Unidos, aunque no sabe en qué ciudad terminará. Ninguno accedió a dar su nombre. Según ellos, los trabajadores del programa dejan claro durante las entrevistas que hablar públicamente del proceso puede afectar el resultado. Es más, varios contaron que les hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad que dice que “no pueden comentar nada sobre su proceso”. Es un procedimiento que el profesor de la Universidad de Cornell y penalista experto en migración Stephen Yale-Loehr califica como “inédito” e “inusual”.
El penalista explica que la firma de cláusulas de no divulgación no es parte del proceso de refugio en Estados Unidos ni es un requisito para realizar una entrevista en una embajada o consulado norteamericano. “Tendría que ser un procedimiento nuevo, del que no había escuchado antes”, declara.
Una vocera encargada de Movilidad Segura desmiente las acusaciones de los entrevistados. “Los solicitantes no tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad. Les pedimos firmar un acuerdo dando su consentimiento para facilitar sus datos personales a los socios de la iniciativa. Esta información es necesaria para determinar los criterios de admisibilidad de los solicitantes”, escribe por correo electrónico.
Sin embargo, al ser preguntado por estos acuerdos, el ACNUR no los niega. “El proceso de reasentamiento requiere confidencialidad porque estamos hablando de personas con necesidades de protección internacional”, declara una vocera de la organización.
Los migrantes aseguran que la incertidumbre no acaba tras firmar el supuesto acuerdo de confidencialidad y terminar la entrevista. Los que son rechazados reciben un correo electrónico que les notifica de ello. Los demás siguen en el limbo, en una espera sin fin definido para que ojalá, uno de estos días, les llegue otra llamada. Algunos la reciben pronto, en una semana. Otros lamentan que llevan casi un mes esperando. “No hay información. No me han rechazado todavía, pero han citado a otras personas que tuvieron su entrevista después que tuve la mía”, dice un migrante. “Parece que eligen al azar. Es muy frustrante”.
Cuando el Gobierno estadounidense lanzó Movilidad Segura en Colombia, anunció que haría “una prueba piloto de seis meses”. A mitad de ese camino, asegura que planea agrandarlo, pero se niega a dar una línea de tiempo concreta. Ante tanta incertidumbre, Yale-Loehr confiesa que entiende la frustración que rodea el programa. “Ha tenido un comienzo muy lento”, admite.
Con la migración global en cifras récord, no hay una sola iniciativa que pueda solucionar el problema; dependerá de la colaboración de muchos países y de formas muy variadas. El futuro de Movilidad Segura en ese proceso, opina el penalista, sigue siendo una incógnita: “No es un fracaso todavía, pero tampoco ha sido un éxito”.
