La candidatura de Clara Brugada, quien busca ser la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por el partido Morena, podría estar en riesgo debido a un conflicto de casi veinte años entre comunidades indígenas y la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con el diario El País, la exalcaldesa podría ver frustradas sus aspiraciones políticas, debido a un pleito administrativo que gira en torno a la titularidad de un cementerio, el cual es reclamado por grupos indígenas desde 2005 para usarlo según sus costumbres ancestrales.
El reportaje, escrito por el periodista Zedryk Raziel, destaca que la disputa ha sido de tal magnitud y ha atravesado tantas administraciones que el asunto ya está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien actualmente analiza el caso para determinar si emite sanciones contra Brugada y otros funcionarios por no haber acatado diversas instrucciones judiciales para poner fin al conflicto.
Clara Brugada, quien gobernó Iztapalapa desde 2018 y en septiembre de este año pidió licencia para contender por el liderazgo de la CDMX en las elecciones de 2024, podría quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, de confirmarse las omisiones durante su administración, lo que significa que sería inelegible como Jefa de Gobierno.
Un cementerio en pugna
El origen de este problema se remonta a 2005, cuando un grupo de comunidades indígenas asentadas en San Francisco Culhuacán, comenzaron a reclamar la posesión del predio de la Avenida Tláhuac 3442 para edificar un cementerio comunitario.
La petición fue rechazada por el perredista Horacio Martínez, quien para entonces gobernaba la alcaldía. Pero años después, Marcelo Ebrard, como jefe de Gobierno de la capital, reconoció a Culhuacán como pueblo originario e hizo entrega simbólica del predio a los pobladores, quienes construyeron un templo piramidal denominado Teocalli.
Sin embargo, con la llegada de Dione Anguianoa Iztapalapa en 2016, estos acuerdos se rompieron y el gobierno de Miguel Ángel Mancera comenzó un litigio para arrebatarle el predio a la comunidad y transformarlo en un panteón civil administrado por la alcaldía.
Un año después, la Dirección de Patrimonio Inmobiliario falló a favor de la entonces alcaldesa y en un operativo se desalojó por la fuerza a las familias asentadas en el sitio, destruyendo su templo con maquinaria.
Fue entonces que los pueblos originarios respondieron con una lista de demandas haciendo uso de su derecho de petición, una garantía fundamental reconocida en la Constitución que las autoridades están obligadas a responder.
¿Cómo está involucrada Clara Brugada?
En 2018, la Alianza De Barrios de Culhuacán emprendió su defensa jurídica a partir de declaraciones de las Naciones Unidas y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la consulta.
Si bien la alcaldía Iztapalapa contestó la petición, los pobladores consideraron que la respuesta fue insuficiente, por lo que han promovido una serie de amparos y recursos para que las autoridades respondan satisfactoriamente sus demandas.
Ya durante el mandato de Clara Brugada, un tribunal colegiado determinó que el amparo no se cumplió “debidamente” por parte de las autoridades locales, refiriéndose al director jurídico de Iztapalapa y la entonces alcaldesa, vinculada como “superiora jerárquica”, a quienes ordenó “subsanar las omisiones”.
Debido al reiterado incumplimiento de estos amparos, el caso escaló hasta la SCJN, la cual dijo al periódico El País que “se dará una nueva oportunidad a las autoridades de Iztapalapa para que den cumplimiento al amparo y el asunto quede salvado”.
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Alcaldía Iztapalapa responde a reportaje
En respuesta a esta publicación, la alcaldía aseguró en un comunicado que ha cumplido el mandato judicial relacionado con el Panteón Culhuacán, “y en consecuencia, no existe autoridad judicial que haya señalado responsabilidad o sanción para funcionario o exfuncionario alguno de esta alcaldía.”
Dijo que si bien el conflicto fue heredado por la presente administración, a lo largo de su gestión se ha dado respuesta a los todos los grupos y colectivos.
“En la nota se deja ver que la presente administración contravino o fue omisa en el respeto a los mandatos judiciales, lo cual es una afirmación dolosa, tendenciosa e irresponsable.”, señala el escrito.
Finalmente, la alcaldía precisó que el pasado 16 de junio de 2022, se destinó el predio en cuestión para la instalación de un panteón comunitario y se le dio la administración y cuidado al Pueblo de Culhuacán, “por lo que se ha cumplido el mandato judicial y se ha dejado sin efecto los requerimientos accesorios que se generaron en el trámite del amparo.”
