La crisis humanitaria que se vive día a día en la frontera entre México y Estados Unidos ha encontrado un nuevo foco. Miles de migrantes —entre 3.000 y 5.000 de acuerdo con estimaciones no oficiales— duermen a la intemperie este jueves en la ciudad texana de Eagle Pass, que conecta a través de un puente internacional con Piedras Negras, Coahuila, en el lado mexicano.
El cruce es uno de los puntos calientes de la línea y, en los últimos días, ha visto aumentar el flujo de personas que tratan de llegar a EE UU. Las autoridades estadounidenses están concentrando en un terreno baldío a las afueras del municipio a los migrantes, que pasan la noche con el único abrigo de una manta térmica a la espera de ser procesados por los agentes fronterizos.
La imagen, una estampa más de la desprotección y vulnerabilidad de la población migrante que viaja entre México y EE UU, llega el mismo día en que los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, han mantenido una llamada telefónica en la que han acordado endurecer el control en la frontera. El anuncio se produce después de que el mandatario mexicano reconociera un aumento inusual de cruces irregulares, que han crecido un 31%, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). Una delegación encabezada por Antony Blinken, secretario de Estado en EE UU, visitará México en los próximos días para trazar una nueva estrategia de contención.
La crisis migratoria tiene dos caras. Por un lado, las decisiones políticas tomadas entre ambos Ejecutivos, siempre orientadas a apretar el puño para repeler la migración. La estrategia no es nueva, responde a la tónica general de los últimos años, denunciada hasta la saciedad por vulnerar los derechos humanos de los migrantes por innumerables oenegés y organizaciones humanitarias.
Del otro lado, están los rostros que sufren las medidas: más de 250.000 personas solo este diciembre —según CBP—, la mayoría originarios de Centroamérica, Sudamérica y el mismo México, que huyen de la pobreza, la desigualdad y la violencia estructural, para encontrarse en la frontera estadounidense con un muro de contención, además de un recorrido por territorio mexicano plagado de asaltos, violaciones, secuestros o abusos de poder de la policía.
El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, ha calificado la situación de insostenible y acusa el total descontrol en el cruce fronterizo. Salinas ha denunciado repetidamente a la Administración Biden de “abandonar” la comunidad a su suerte. Este septiembre, declaró el Estado de emergencia después de la entrada de 5.000 migrantes.
A finales de noviembre, bloqueó el paso de vehículos desde Piedras Negras, una medida que buscaba reasignar a los agentes de tráfico a tareas de control migratorio para descongestionar el flujo irregular. Este jueves, la circulación continuaba cortada en el Puente Internacional 1 y reducida a un carril en el Puente Internacional 2, con filas de coches de ocho kilómetros, de acuerdo con Univision. El municipio también suspendió el movimiento de trenes.
Imágenes de hacinamiento como las que se ven este jueves en Texas se repiten cada pocas semanas en los puntos calientes de la frontera, desbordada por un flujo constante que no consigue frenar ninguna de las políticas oficiales. Los centros de detención de migrantes en EE UU se encuentran colapsados muy por encima de sus capacidades. Solo el del sector El Río, que incluye Eagle Pass, mantiene retenidos en estos momentos a 5.200 personas, un 256% por encima de sus capacidades, según el canal de televisión NewsNation. Entre Texas y Arizona suman al menos 18.500 migrantes arrestados.
En la tarde del jueves, después de la llamada con López Obrador, Biden ha hecho un llamamiento en la red social X (antes Twitter). “Se necesitan urgentemente más medidas para reabrir los puertos de entrada claves en nuestra frontera compartida”, declaró el mandatario, presionado por el impacto de los cierres fronterizos en algunos sectores de la economía estadounidense —una erosión que también acusan los empresarios mexicanos—.
Biden, que busca la reelección en 2024, llegó al cargo hace tres años con la intención de “humanizar” la gestión en la frontera. El discurso se contraponía al del anterior mandatario, Donald Trump, que criminalizó sistemáticamente los procesos migratorios. Biden se encontró, sin embargo, con una crisis de magnitudes inesperadas, y ha acabado endureciendo las medidas de Trump ante los fuertes ataques de la oposición y Estados como Texas, que recrudece las leyes antimigración cada poco.
México, por su parte, se encuentra en un delicado equilibrio, obligado a maniobrar entre las exigencias estadounidenses de un control más férreo y las constantes denuncias de las asociaciones de derechos humanos por su trato a los migrantes. El Gobierno prometió una reforma humanizadora de la estrategia migratoria, después del incendio de una cárcel para extranjeros del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que murieron 40 personas.
Además de Blinken, varios funcionarios estadounidenses, como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, viajarán a México en los próximos días para reunirse con López Obrador y abordar el problema. Mientras tanto, ajenos a las conversaciones políticas, el flujo migratorio continúa creciendo en la frontera, a la espera de un hipotético visado o un despiste de las patrullas.
