Incluso en el clima de crispación y polarización política que vive Estados Unidos, demócratas y republicanos han sido capaces de alcanzar un acuerdo que puede evitar el cierre parcial de la Administración en el próximo mes. Se trata solo de un primer paso, un pacto para establecer una especie de techo de gasto que no superar en la docena de leyes presupuestarias que financian la Administración federal. Aunque todavía hay riesgo de que la negociación descarrile al bajar a la distribución de los fondos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado enseguida este avance.
El acuerdo ha sido alcanzado entre el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, junto a los líderes de las minorías de las dos cámaras. Es precisamente el hecho de que haya mayorías políticas de diferente signo en los dos hemiciclos del Congreso lo que mantiene bloqueada desde hace más de un año casi toda la actividad legislativa.
El acuerdo fija el techo de gasto en 1,66 billones, incluyendo un ajuste por inflación de 69.000 millones. Esas cifras respetan el acuerdo que alcanzó Biden en mayo con el anterior presidente de la Cámara de representantes, Kevin McCarthy, para suspender el techo de deuda. “Asegurando los 772.700 millones de dólares para financiación discrecional no destinada a defensa, podemos proteger prioridades nacionales clave como las prestaciones a veteranos, la atención sanitaria y la asistencia nutricional de los recortes draconianos que pretenden los extremistas de derechas”, han señalado en un comunicado conjunto el Schumer y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
El Congreso tiene pendiente también aprobar la ley propuesta por Biden para ayuda a Ucrania e Israel, entre otras partidas, a la que no afecta este acuerdo.
El presidente ha celebrado en un comunicado el avance: “El marco de financiación bipartidista alcanzado por los líderes del Congreso nos acerca un paso más a la prevención de un cierre innecesario del Gobierno y a la protección de importantes prioridades nacionales. Refleja los niveles de financiación que negocié con ambos partidos y convertí en ley la primavera pasada. Rechaza los profundos recortes a los programas con los que cuentan las familias trabajadoras, y ofrece una vía para aprobar proyectos de ley de financiación para todo el año que beneficien al pueblo estadounidense y estén libres de políticas extremas”, ha dicho Biden. “Ahora, los republicanos del Congreso deben hacer su trabajo, dejar de amenazar con cerrar el Gobierno y cumplir con su responsabilidad básica de financiar las prioridades críticas de seguridad nacional y doméstica, incluida mi petición suplementaria. Es hora de que actúen”, ha añadido.
Demócratas y republicanos aprobaron en noviembre pasado una segunda prórroga para evitar el cierre de la Administración, similar en realidad a la que le había costado previamente el cargo a Kevin McCarthy. Para parte de los programas, la financiación se extendió hasta el 19 de enero y para otra parte, hasta el 2 de febrero. Esas son las fechas que marcan la cuenta atrás para lograr un acuerdo definitivo y aprobar las leyes necesarias.
Estados Unidos no tiene una ley presupuestaria, sino una docena, pero es incapaz por sistema de aprobarlas a tiempo del inicio del año fiscal, el 1 de octubre. Lo habitual es aprobar una prórroga presupuestaria, llamada resolución continuada, mientras se tramitan las leyes que habilitan los gastos del ejercicio, que suelen seguir un procedimiento engorroso y complejo, lleno de enmiendas.
