Suplencia de Ulises Lara no constituye nombramiento como fiscal de CDMX

Ciudad de México. La suplencia del titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que desde este miércoles ocupa Ulises Lara López, no constituye un nombramiento como fiscal general, cargo para el que la Ley establece requisitos específicos, así como procedimientos e instancias participantes.

El artículo 46 de la Ley Orgánica de la FGJCDMX prevé que dicha suplencia recaiga en el coordinador general de Investigación Territorial, nombramiento que le fue dado, por su antecesora Ernestina Godoy, quien ayer emitió el reglamento de lineamientos de suplencias.

Dichos lineamientos aplicarán también en caso de ausencias de los titulares de las fiscalías y coordinaciones generales, a fin de que la institución continúe laborando en la procuración de justicia con las víctimas al centro y luchando contra la impunidad.

La FGJCDMX puntualizó que continuará con una labor comprometida con las necesidades de la ciudad de México, sin ceder ante las presiones políticas o de grupo, y señaló que Lara López se mantendrá como titular de la Fiscalía hasta que se designe a un nuevo titular.

El encargado de despacho cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado, y fue titular de la Unidad de Implementación del Proceso de Transición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la Fiscalía General de Justicia.

Además de coordinador de asesores, así como vocero en los últimos cuatro años de la ahora Fiscalía, que continuará trabajando apegada al Plan de Política Criminal, a fin de reducir la impunidad en delitos violentos y desarticular a las organizaciones delictivas.

El objetivo, destacó la dependencia, seguirá siendo trabajar por el esclarecimiento de los hechos, la no repetición y la reparación integral del daño, siempre en el marco de la Ley y representando los intereses de la sociedad.

Con base en ello, se dará énfasis en la atención a las víctimas con el objetivo de socializar aún más la justicia, y la democratización del conocimiento jurídico para empoderar a la ciudadanía y acortar la brecha de desinformación, fortaleciendo el nexo entre el público usuario y las autoridades.

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