Apenas en diciembre pasado celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que representa la piedra angular de lo que hoy reconocemos como el derecho internacional de los derechos humanos. Esa celebración se dio en un entorno paradójico.
2024 será un año electoral en medio mundo, de forma literal. En este año, más de 50 países tendrán procesos electorales y ahí viven la mitad de la población mundial, unas 4 mil millones de personas. Nuestro país está en esa mitad el mundo.
Estas elecciones sucederán en un contexto donde las guerras están en auge, como es el caso de Ucrania y Gaza, pero actualmente se desarrollan en el mundo alrededor de un centenar de conflictos armados que violentan derechos humanos.
En el caso de América Latina tenemos un par de ejemplos claros en donde los derechos humanos son arrasados en nombre de la seguridad. Es el caso de El Salvador y Ecuador.
En El Salvador, el presidente Bukele, estableció un estado de excepción desde marzo de 2022 y a la fecha hay más de setenta mil personas en prisión acusadas de supuestamente ser parte de las “maras”. El otro caso es Ecuador, donde luego que el pasado 9 de enero un grupo de hombres armados tomará un canal de Televisión en la ciudad de Guayaquil, el presidente Noboa declaró estado de excepción y el Ejército paso a realizar las labores de seguridad.
Ambas países enfrentan situaciones graves de inseguridad y violencia, lamentablemente la respuesta ofrecida es seguridad a costa de los derechos humanos.
En el caso de México existen regiones donde grupos delincuenciales se han constituido en el poder de facto, como zonas de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, entre otros lugares. Estas realidades son evidencia que uno de los mayores pendientes del actual gobierno federal es una estrategia de seguridad y justicia que muestre resultados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha depositado en las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad y muchas tareas más, sin embargo los resultados son pobres. En parte porque todo se concentra en el Ejército y la Marina olvidando la necesidad de formar policías locales y, sobre todo, desarrollar significativamente la capacidad de investigación del delito tanto de las fiscalías locales y de la fiscalía federal.
Por tanto un aspecto central será conocer y analizar las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en materia de seguridad y de procuración de justicia. Vamos a necesitar saber qué proponen hacer pero, sobre todo, cómo pretenden hacerlo. Además en esas propuestas tenemos que ver que se garantice el pleno respeto de los derechos humanos. No olvidemos que cuando hablamos de la seguridad, tenemos que pensar en que nos garanticen nuestro derecho a vivir tranquilos, pero de igual forma tenemos que estar seguros de poder defendernos de cualquier atropello que podamos sufrir en caso de ser acusados de cometer algún delito.
