“Tengo más años de estudio que usted”, respondió el magistrado Ricardo Velázquez Cruz a trabajadores del Poder Judicial de Puebla que este lunes protestaron porque no les cumplieron con el aumento salarial de 6 por ciento que debió reflejarse en la quincena más reciente y, al contrario, les hicieron descuentos de los que nadie les dio alguna explicación.
—¿Cuánto gana usted y cuánto gano yo? No hay un punto de comparación. Si ganara lo que usted, yo no estaría aquí —le dice uno de los inconformes.
—Nada más que yo he estudiado. —responde Velázquez Cruz.
—¿Y yo no?
—Tengo más años de estudio que usted, desde que usted nació…, ese es el problema.
— Mire magistrado, tenemos una compañera que tiene más años que usted y gana mucho menos. Si fuera por los años, ella debiera estar ganando mucho más que usted. —le dice el inconforme.
— A usted sí le dieron aumento, ¿cuanto gana? —le grita otra de las trabajadoras que protestaron.
— ¡Ah!, sí, sí me aumentaron —responde con voz apenas audible el funcionario.
El magistrado Velázquez Cruz pasó de tener un salario mensual bruto de 83 mil 971 pesos en 2022 a 100 mil 464.64 pesos en 2023, lo que representa un incremento de cuando menos 16 mil pesos, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La protesta de los trabajadores del Poder Judicial de Puebla se dio luego de que el domingo se informó que el pasado 5 de junio en sesión extraordinaria el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó actualizar el tabulador salarial en el que están 876 trabajadores de base y 1,041 de confianza.
El incremento de 6 por ciento a los trabajadores de base debió aplicarse a partir del 1 de agosto y reflejarse en la segunda quincena de septiembre; y para los trabajadores de confianza el incremento se verá reflejado en la primera quincena de octubre.
Sin embargo, lejos de recibir su esperado aumento a los trabajadores de base se les hicieron descuentos de nómina. Antes de cerrar las instalaciones, los más de 300 trabajadores de base y de confianza buscaron dialogar y fueron “atendidos primero por el Consejo de la Judicatura que nos escuchó, pero no dieron solución y por eso decidimos cerrar Ciudad Judicial”.
En una segunda plática con el Consejo de la Judicatura y magistrados les dijeron que hasta el día viernes verificarán sobre los descuentos a la nómina para darles una respuesta y fue entonces cuando los compañeros que ya habían cerrado Ciudad Judicial y el complejo de juzgados decidieron que Ciudad Judicial permanecerá cerrada hasta el viernes, día en el que supuestamente les darán una explicación.
En uno de los múltiples escarceos, registrados este lunes entre las dos partes, es cuando Velázquez Cruz discrimina a los trabajadores al responderles que él sí estudió, señalan fuentes del Poder Judicial de quienes se omite su identidad para no exponerlos a represalias.
El magistrado “precioso”
El magistrado Velázquez Cruz fue titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Puebla entre los años 2005 y 2011, en la administración del hoy preso Mario Marín Torres.
Cuando en 2005 Marín confabuló con el empresario Kamel Nacif para detener y torturar a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, Velázquez Cruz actuó como defensor del “góber precioso” hasta 2007, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
En 2018, trece años después de la detención de Lydia Cacho y ya como consejero jurídico de Miguel Barbosa Huerta —cargo al que renunció el 17 de diciembre de 2021 para reincorporarse al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en enero de 2022— Velázquez Cruz dijo que “en estos momentos no defendería ni metería las manos al fuego por el exgobernador Mario Marín” y ofreció una disculpa a Lydia Cacho diciendo que era su obligación defender al exgobernador.
“Una de las mayores afectadas fue Lydia Cacho, a quien le ofrezco una disculpa por mi actuar profesional, porque su causa es una causa digna, es una causa noble y creo que debemos apoyar las causas de personas que están luchando por una situación mejor para las minorías, en este caso las niñas y los niños”.
