Acapulco, Gro., 07 de julio de 2026.
Tras el contundente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que demostró la ilegalidad de la auditoría estatal, el cuerpo jurídico del Ayuntamiento informó que se analiza la posibilidad de que la Dra. Abelina López Rodríguez proceda legalmente de manera personal en contra del titular de la ASE, Marco César Paris Peralta, debido a la afectación y daño moral ocasionado a su imagen pública.
En conferencia de prensa, las autoridades detallaron la ruta jurídica tras la resolución del Máximo Tribunal del país, la cual sepulta lo que denunciaron como una campaña de difamación:
- Vía legal en análisis en contra del auditor: El director jurídico, Jesús Mendiola, confirmó que la sentencia de la Suprema Corte abre la puerta para que Abelina López actúe en el ámbito estrictamente personal en contra del titular de la ASE. De decidirlo, podría interponer demandas civiles o penales para que responda directamente por las calumnias y el daño infligido a su reputación.
- Llamado al Congreso para revisar al titular de la ASE: Se urgió a las y los diputados locales a evaluar la permanencia de Marco César Paris Peralta al frente de la institución, señalando que su gestión queda severamente cuestionada tras violar la Constitución y utilizar la auditoría de manera facciosa contra la administración morenista.
- La verdad sobre los 900 millones: El secretario de Finanzas, Carlos Morillón, sepultó los rumores sembrados para desgastar la imagen del gobierno municipal, precisando que los 898.6 millones de pesos observados ilegalmente por el estado se aplicaron con total transparencia en 511 obras públicas en las colonias del puerto.
- Cuentas avaladas por la Federación: Se reiteró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)—única autoridad constitucionalmente competente—validó el uso de los recursos federales, demostrando que la honestidad y disciplina financiera de la gestión están intactas.
Con el respaldo de la Suprema Corte, la defensa de la transformación en Acapulco deja en claro que el uso de las instituciones locales por parte del auditor para atacar y difamar ya tiene un freno legal definitivo.
