Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), suscribieron un convenio de colaboración que fortalecerá el acceso efectivo a la justicia, a través de acciones conjuntas que promuevan la igualdad y la no discriminación.
El acuerdo firmado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Morales Reza, tiene como finalidad fortalecer la cooperación técnica e institucional; desarrollar y compartir herramientas que apoyen a las personas juzgadoras en la incorporación del derecho a la igualdad; así como garantizar la aplicación de la igualdad sustantiva en la labor jurisdiccional.
El ministro presidente afirmó que la SCJN trabaja por “un país que no discrimine, que no sea racista, clasista y donde se tenga la plena confianza de caminar, de interactuar, de expresar nuestras opiniones o de ser como somos sin sufrir discriminación”.
Tras calificar como histórico que dos personas indígenas firmaran el acuerdo a nombre de sus instituciones, el ministro presidente sostuvo que en materia de derechos humanos “no es suficiente hacer teoría, hacer dogma, sino tenemos que apuntar hacia el método y buscar cómo aterrizar eso que hemos venido construyendo a lo largo de muchos años”
Morales Reza, recalcó que se trata de un acuerdo que no es solo un acto administrativo, sino un paso más hacia un país que reconoce, respeta y garantiza la dignidad de todas las personas.
“Desde el Conapred sabemos que el acceso a la justicia no puede ser un privilegio. Debe ser un derecho real, cercano y comprensible para todas las personas, en su propia lengua, desde su propia identidad y desde su propia historia. La justicia que no escucha, que no entiende la diversidad, termina excluyendo. Y eso es justamente lo que hoy buscamos transformar”.
La ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que la Suprema Corte combate activamente todas las razones de discriminación y enfatizó que “buscamos la igualdad sustantiva entre los géneros, pero también entre todas las personas que han vivido discriminación en la sociedad mexicana”.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía aseveró que el convenio no es un gesto simbólico, sino “un compromiso para que la igualdad y la no discriminación no sean solo un principio constitucional, sino la regla que ordene y guíe la vida cotidiana de las personas”.
Durante el evento, en el que también participó el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, celebró la realización del convenio porque articula esfuerzos entre las instituciones para construir y encontrar la ruta de una justicia más sensible, accesible y consciente de las realidades que enfrentan millones de personas en el país.
También recordó que hoy vivimos un momento en el que el Estado está más presente y comprometido con el pueblo. “La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha instruido que la transformación del país se trabaje siempre con respeto a los derechos humanos, para que nadie se quede atrás, y para que la justicia sea más incluyente y a favor de todas las personas”.
Donají Méndez Tello, líder comunitaria y defensora de los derechos de las mujeres y de la comunidad afrodescendiente en México, manifestó su confianza de que este protocolo se traducirá en “acciones concretas que garanticen que ninguna mujer, ninguna persona afrodescendiente, ni ninguna persona en situación de vulnerabilidad quede excluida del acceso pleno a la justicia”.
Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, dijo que los derechos humanos solo son reales cuando alcanzan a quienes el mundo ha intentado invisibilizar, por lo que destacó el compromiso asumido por las autoridades “para que nadie vuelva a encontrar un muro donde debería de encontrar justicia”.
La suscripción del convenio marco de colaboración entre la SCJN y el Conapred, representa un paso fundamental para fortalecer el acceso a una justicia incluyente, con enfoque de derechos humanos y respeto a la interculturalidad.
A través de este instrumento se busca generar acciones de vinculación en materia de prevención, fortalecimiento institucional y acompañamiento especializado, a fin de asegurar que todas las personas, sin importar su origen, identidad o contexto, accedan a los órganos jurisdiccionales de manera oportuna, accesible y libre de discriminación.
