Ciudad de México. Una reforma aprobada por el Congreso local ordena a todas las personas huéspedes o visitantes a establecimientos mercantiles que ofrezcan servicio de hospedaje, como hoteles y moteles, exigir la presentación de identificación oficial vigente, registrar entrada y salida, número de acompañantes, así como domicilio completos, con el propósito de reforzar la seguridad en estos lugares y combatir delitos como la trata de personas.
De acuerdo con la modificación legal, cada uno de los visitantes deberá realizar su registro individual, mientras en el caso de menores de edad deberán asentar el parentesco con la persona adulta acompañante.
Se obliga a los hoteles y moteles contar con seguridad privada capacitada y registrada ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y deberán instalar sistemas de videovigilancia en los estacionamientos y áreas comunes, cuyas grabaciones deberán ser resguardadas por un periodo mínimo de 90 días. En todas las áreas del establecimiento, como habitaciones y pasillos, se deberá conocer un número telefónico de emergencia y de atención de la violencia de género.
En caso de omisión dolosa o culposa por parte del personal del establecimiento, se aplicará la clausura permanente del lugar.
Aplicación de sanciones
Para el caso de hospedaje tipo Airbnb o mediante plataformas tecnológicas, se obliga a los anfitriones a colocar medidas específicas y números de emergencia para la prevención y atención de la violencia de género y/o trata de personas. Y en caso de infracción podrían ser objeto de amonestación, multa, suspensión o clausura de 15 a 30 días naturales.
Las sanciones económicas van de 3 mil a 10 mil veces la unidad de medida y actualización vigente, es decir, entre 339 mil y 1 millón 130 mil pesos.
Una vez que la reforma sea publicada en la Gaceta Oficial local, ésta entrará en vigor a los 120 días naturales; posteriormente la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de Justicia tendrán un plazo de 30 días para expedir el protocolo de emergencias. Una vez publicado, se otorgará un plazo de 60 días naturales para que establecimientos mercantiles -hoteles, moteles y alojamientos- acrediten su cumplimiento.
Tras la publicación de la reforma se otorgará un plazo de 195 días para que dichos lugares cuenten con elementos de seguridad privada.
La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, Elizabeth Mateos (Morena), dijo que con estas modificaciones se busca fortalecer los mecanismos de supervisión y actuación en los establecimientos de hospedaje para garantizar certeza jurídica y coordinación institucional en el cuidado de los visitantes.
