Iniciativas de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para incorporar como derechos la igualdad de remuneración salarial a mujeres y la desconexión digital laboral avanzaron ayer en comisiones del Congreso capitalino para someterse a consideración del pleno en el segundo periodo extraordinario que iniciará el próximo viernes.
Se aprobó además el proyecto de dictamen a la iniciativa que armoniza la Constitución local con la reforma constitucional federal publicada en enero pasado para sancionar toda actividad relacionada con vapeadores, cigarrillos electrónicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas, con multa de hasta 282 mil 850 pesos.
En el primer caso las comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social dictaminaron ambas iniciativas en un solo proyecto de dictamen que reforma al artículo 10 de la Constitución local, una que promovió el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho para erradicar la brecha salarial de género.
Añade al inciso b del numeral 4 que “en Ciudad de México se garantiza la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor para todas las personas. Los sectores público, privado y social están obligados a impulsar políticas y buenas prácticas para inhibir, reducir y erradicar la brecha salarial de género”.
La segunda, de la diputada Ana Luisa Buendía García, también de Morena, para establecer en el numeral 3 del artículo que “toda persona trabajadora tiene el derecho a la conexión digital laboral, en términos de la Ley Federal del Trabajo”.
Posteriormente, la Comisión de Puntos constitucionales sesionó junto con la Comisión de Salud, para dar cumplimiento a la reforma a la Constitución federal que sanciona toda actividad relacionada con vapeadores, cigarrillos electrónicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas, en la que se fijó un plazo de 365 días a las legislaturas locales para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
El dictamen incluye modificaciones a la Ley de Salud y a la Ley de Establecimientos Mercantiles para prohibir la comercialización de dichos dispositivos y sancionar con entre 351 y hasta 2 mil 500 veces la unidad de medida y actualización el incumplimiento de la norma, que a su valor actual va de 39 mil 712.14 a 282 mil 850 pesos.
