“Escalofriante” e “inhumano”. Así fueron descritos los centros de detención de inmigrantes que dependen del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un informe elaborado por expertos en atención carcelaria y médica contratados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.
El análisis se enfocó en el período comprendido entre 2017 y 2019, cuando Donald Trump ocupaba la Casa Blanca. Sin embargo, cientos de organizaciones civiles denuncian que la situación bajo la administración de Joe Biden no mejoró y la “industria de las detenciones” -como la llaman- sigue más fuerte que nunca.
El informe, que consta de 1.600 páginas, fue obtenido y divulgado en agosto tras una batalla judicial de la Radio Nacional Pública (NPR). El análisis se hizo sobre 24 instalaciones en 16 estados y los hallazgos reflejan maltrato y situaciones de barbarie en contra de los detenidos.
De acuerdo con el informe, las fuerzas del orden público locales y los contratistas (públicos y privados), que firmaron acuerdos con ICE para tener bajo su custodia y cuidado a miles de inmigrantes indocumentados en los centros detención, mostraron “negligencia médica” en los lugares inspeccionados, ya que los reclusos en estos centros se mantuvieron en ambientes “inseguros y sucios”.
El informe reseñado por NPR denuncia casos de abusos racistas y cuestionó el uso inadecuado de gas lacrimógeno contra los detenidos con enfermedades mentales, así como otras prácticas preocupantes que, en algunos casos, provocaron la muerte de las personas.
Números lucrativos de los centros de detencion de inmigrantes
De acuerdo con cifras oficiales de ICE, actualmente funcionan 120 centros de detención en todo el país. El manejo de esas cárceles se da bajos distintos tipos de contratos. Por ejemplo, hay casos en los que ICE contrata una instalación que es propiedad y manejada por una empresa privada para albergar presos. En otros, los detenidos son alojados en centro de detencion propiedad de ICE, pero usualmente operados por personal de compañías privadas.
También hay casos en los que hay un acuerdo entre el organismo y el US Marshall Service, que le permite a los alguaciles detener en sus instalaciones a inmigrantes que consideren que cometieron algún delito y así colaborar con ICE. No son los únicos. También hay contratos firmados con gobiernos locales o estatales para usar sus cárceles como centros de detención. Hay casos en que estas instalaciones podrían estar manejadas, incluso, por empresas privadas.
Dentro de las categorías están los contratos “dedicados” y los “no dedicados”. Los primeros son aquellos en los que se destina la instalación exclusivamente para detenidos de ICE. En el otro, puede haber presos de otras fuerzas del orden. El 96% se rige bajo alguna de estas modalidades. El resto, de los 120 que tienen detenidos en este momento, son prisiones federales o pequeños centros de detención temporales dentro de los aeropuertos.
Pero más allá del tipo de contrato que establezca el organismo, se trata de un negocio que mueve una importante cantidad de dinero. Al menos así lo reflejan los números oficiales respecto al presupuesto oficial otrogado al ICE. Para este año fiscal se destinaron U$9.138.570 millones, de los cuales U$2.880.481 fueron para las denominadas “operaciones de custodia”. El año pasado, el dinero destinado para estos dos ítems fue de U$8.877.494, y $2.874.481, respectivamente. Es decir, se destinaron más recursos para el organismo de 2022 a 2023. El negocio de la privación de la libertad.
Promesas que se las lleva el viento
Durante la campaña que lo llevó a la Oficina Oval, Joe Biden prometió poner fin a la detención “prolongada’’ y la ubicación de inmigrantes en prisiones privadas, que alojan a la mayoría de las personas retenidas por ICE y por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Según se puede observar en su plataforma de promesas que todavía está en la web, Biden se comprometió a terminar con el negocio.
“Poner fin a los centros de detención con fines de lucro. Ninguna empresa debería beneficiarse del sufrimiento de personas desesperadas que huyen de la violencia. Biden se asegurará de que las instalaciones que albergan temporalmente a los migrantes que buscan asilo cumplan con los más altos estándares de atención y prioricen la seguridad y la dignidad de las familias por encima de todo”, esta fue la promesa de campaña.
Cifras que crecen
Los resultados, sin embargo, están muy lejos de cumplirse. Es que no sólo el informe divulgado por NPR da cuenta de que la situación dentro de los centros de detención es precaria. Las cifras oficiales también reflejan que hay más detenidos. Por ejemplo, hace poco más de dos años había unas 27.000 personas arrestadas; hasta septiembre pasado, el ICE registró 35.289 detenidos. Un dato escalofriantes es que el 68,7% de ellos no tiene antecedentes penales, según un monitoreo que hace la Universidad de Syracuse.
De acuerdo con la misma institución, sólo en agosto pasado el ICE registró 29.083 arrestos, de los cuales 7.139 fueron concretados por agentes propios mientras que los 21.944 restantes se realizaron a manos del CBP.
Las cifras hablan por sí solas. Si bien hubo una caída ostensible en comparación con la administración de Donald Trump (55.000 para final de su mandato), la cantidad sigue siendo alta y son cientos de organizaciones civiles alrededor del país que reclaman diariamente una sola medida: que cierren definitivamente todas las instalaciones donde detienen a inmigrantes.
Una lucha que necesita ser visibilizada
Para comprender más sobre la situación y los esfuerzos de activistas para cambiarla, El Tiempo Latino tuvo la oportunidad de hablar con Marcela Fernández, directora de Detention Watch Network (DWN), una coalición nacional que lucha por poner fin al sistema de detención de inmigrantes en el país.
“Nuestro objetivo principal es abogar por los derechos de las personas detenidas y trabajar para poner fin a la detención de inmigrantes. La red aboga por reformas en el sistema de inmigración y trabaja en la promoción de políticas más justas y humanas. Sin embargo, la situación se ha vuelto aun más crítica debido a los abusos de los derechos humanos, las condiciones precarias y las muertes que han ocurrido en estos centros”, dijo la directora de DWN.
En ese sentido, comentó que la promesa de Biden de reducir la dependencia de las prisiones privadas no se ha materializado como se esperaba. Pese a eso, la lucha de activistas y organizaciones como DWN ha logrado algunos avances en la cancelación de contratos de centros de detención. Biden -dijo- terminó cinco de esos contratos. “Las condiciones de detención, la falta de atención médica adecuada y el incumplimiento de promesas políticas siguen siendo una preocupación”, destacó.
Entre las preocupaciones más graves que observan resaltan “las muertes en detención, que han llegado a más de 200 desde la administración de Barack Obama hasta la fecha”, de acuerdo con las cifras que manejan en la organización. “Muchos optaron por el suicidio debido a las condiciones inhumanas en estos centros”, agregó.
Los datos que maneja DWN son incluso peores que los oficiales. “ICE mantiene una red de más de 200 centros de detención alrededor del país. Para agosto de este años, 116 centros de detención se mantienen activos”, reveló la organización. De esos, 48 son operados por una compañía privada, mientras que 59 se rigen bajo Acuerdos de Servicios Intergubernamentales.
“Hay 159 instalaciones que actualmente no realizan detenciones para ICE pero que tienen contratos existentes”, sostiene DWN.
Muertes y racismo
De acuerdo con cifras oficiales del propio ICE, entre 2018 y 2023, murieron 43 detenidos por diversas causas. Si bien no tienen datos concretos sobre el origen de las personas que son arrestadas, la activista reveló que son hispanos.
“La mayoría de los detenidos son latinos, pero en los últimos años, la situación política en África y Asia ha llevado a un incrementos de la detención de personas de esas regiones”, dijo la experta. Los activistas han llevado a cabo varias acciones a nivel nacional para destacar el problema y presionar al gobierno a tomar medidas concretas.
También dialogó con Laura Hernández, directora de la organización Freedom for Immigrants, que también lucha para ponerle fin a los centros de detención. Parte del problema se le atribuye al racismo.
“El impacto desproporcionado de esta realidad recae principalmente en las comunidades latinas y afroamericanas. Dentro de los centros de detención, las personas de color, latinas y afroamericanas son excesivamente representadas en comparación con la población en general. Esto refleja un problema sistémico de racismo y sesgo racial que plantea serias preocupaciones”, dijo Laura Fernández.
El enfoque en las personas de color y latinas, junto con la detención mayoritariamente en instalaciones privadas, crea un ambiente en el cual el beneficio económico parece primar sobre la humanidad.
En ese sentido, la directora de Freedom for Immigrants dijo que las leyes de inmigración, especialmente las promulgadas en 1996, han criminalizado el acto de cruzar la frontera, llevando a la detención de personas que simplemente buscan una vida mejor en los Estados Unidos. Además, “las decisiones de detención parecen arbitrarias, ya que las personas son detenidas por razones no siempre claras y sin un patrón aparente”.
Una batalla contra el sistema
Freedom for Immigrants, DWT y otros grupos han denunciado la falta de supervisión y control sobre el ICE. Los informes de abuso físico, mental y negligencia médica dentro de los centros de detención plantean preguntas sobre la responsabilidad y la transparencia de la agencia.
El problema no se limita a los abusos. Las personas -criticaron las dos expertas- pueden permanecer detenidas durante años, a menudo sin antecedentes criminales significativos que justifiquen la detención prolongada. Este sistema ha llevado a un aumento en el negocio de detener a inmigrantes, tanto en jaulas físicas como virtuales, a través del monitoreo electrónico.
Los centros de detención se extienden por todo el país. De acuerdo con la Universidad de Syracuse, el ránking de estados con mayor cantidad de detenidos lo lidera Texas, con 10.189. Le siguen Luisiana, California, Arizona y Georgia.
Ambas piden que se trate a los inmigrantes con dignidad y humanidad, y se les ofrezcan recursos para afrontar sus casos de manera más digna. En lugar de rejas, abogan por la libertad. La cuestión central es si el gobierno de Estados Unidos, una nación construida por inmigrantes, está dispuesta a cambiar su enfoque y romper con el paradigma.
