Las Apapacho afirmó que el Código Penal estatal no ha sido modificado para eliminar la criminalización del aborto y que algunas instituciones de salud siguen pidiendo denuncias por violación como requisito
La colectiva feminista Las Apapacho denunció que en Querétaro el aborto sigue penalizado pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que castigarlo es inconstitucional.
Al respecto señalaron que el Congreso local no ha modificado las leyes para que se respete este criterio, añadiendo que esto sigue afectando a quienes buscan interrumpir su embarazo.
Asimismo, dieron a conocer que desde mayo de 2020, la colectiva ha brindado información y apoyo a 600 personas que decidieron abortar, explicando que su apoyo consiste en compartir datos sobre cómo se realiza el procedimiento en estados donde es legal y en difundir materiales de organismos internacionales.
“Muchas mujeres, personas no binarias, hombres trans y personas gestantes con diversas identidades en Querétaro ejercen sus derechos sexuales y reproductivos mediante el aborto en casa con medicamentos como misoprostol y mifepristona. Desde mayo del 2020 a febrero del 2025 desde Colectiva Las Apapacho hemos acompañado a 600 personas gestantes a tener abortos autogestivos seguros, con métodos comprobados y efectivos”, señaló Perla Santos, integrante de la colectiva.
Agregaron que su objetivo es que las personas gestantes conozcan las opciones disponibles para tomar decisiones con base en datos públicos y accesibles.
Además, aseveraron que en algunos casos de aborto por violación, instituciones de salud han solicitado a las personas presentar una denuncia para acceder al procedimiento, sin embargo, indicaron que no es un requisito legal y que las autoridades de salud deben brindar el servicio sin condiciones.
“Nos han comentado en dos o tres ocasiones que les han pedido que abran la carpeta de investigación, que emitan la denuncia de violación, y después de eso puedan acceder al aborto, precisamente hacemos hincapié en que no es así, no necesitas levantar denuncia, la institución debe atender a las personas gestantes”.
En ese sentido, hicieron un llamado al Congreso local para la modificación del Código Penal y su armonización con los fallos de la SCJN, con el objetivo de eliminar la criminalización del aborto, además de pedir a las autoridades médicas garantizar que las instituciones cumplan con sus obligaciones.
