MIAMI , 15 de enero .— Ocho meses después de cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, una pareja de veintitantos años se sentó en un tribunal de inmigración en Miami con sus tres hijos pequeños. A través de un intérprete, pidieron a un juez que les diera más tiempo para encontrar un abogado que les ayudara a solicitar asilo y no ser deportados de regreso a Honduras, donde las pandillas los amenazaban.
La jueza Christina Martyak aceptó una prórroga de tres meses y remitió a Aarón Rodriguéz y Cindy Baneza a la asistencia jurídica gratuita proporcionada por la Arquidiócesis Católica de Miami en el mismo tribunal, y su caso es aún uno de los 3 millones sin precedentes que en este momento siguen pendientes en los tribunales de inmigración de todo Estados Unidos.
Impulsada por aumentos récord en el número de inmigrantes que buscan asilo tras ser detenidos por cruzar la frontera ilegalmente, la acumulación de casos en los tribunales ha aumentado en más de 1 millón durante el último año fiscal y es ahora el triple de lo que era en 2019, según datos del gobierno compilados por la Transactional Records Access Clearinghouse (Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales) de la Universidad de Syracuse.
A jueces, abogados y defensores de los inmigrantes les preocupa que esto esté haciendo inviable un sistema ya saturado porque suelen requerirse varios años para otorgar a los solicitantes de asilo una nueva vida estable y deportar a quienes no tienen derecho a permanecer en el país.
“A veces ya las esperanzas se hunden”, dijo Mayra Cruz luego de que Martyak también concediera una prórroga a su caso porque la migrante peruana no tiene abogado.
“Pero aquí me he sentido más tranquila”, agregó Cruz, quien dijo que tuvo que huir sólo “con lo puesto que teníamos” junto con su pareja y sus hijos tras repetidas amenazas de las pandillas.
Alrededor de 261.000 casos de inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación están pendientes en el tribunal de Miami, la lista de casos más grande del país. Esto es más o menos lo mismo que los que estaban pendientes en todo el país hace una docena de años, dijo Austin Kocher, profesor de la Universidad de Syracuse.
La acumulación de casos incluye a inmigrantes que han estado en Estados Unidos por décadas y fueron detenidos por cargos no relacionados, pero la mayoría son nuevos solicitantes de asilo que declaran temor a la persecución si son deportados, agregó.
Los tribunales con casos acumulados, administrados por el Departamento de Justicia, a menudo reciben poca atención en los debates sobre inmigración, incluidas las actuales negociaciones en el Senado sobre la propuesta de 110.000 millones de dólares del gobierno del presidente Joe Biden, las cuales vinculan la ayuda a Ucrania e Israel con el asilo y otros cambios en la política fronteriza.
Cuando las autoridades estadounidenses detienen a los inmigrantes en la frontera, muchos son liberados con un registro de su detención e instrucciones de comparecer ante el tribunal de la ciudad a la que se dirigen. Esa información se transmite desde el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Justicia, cuya Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración dirige los tribunales para que pueda programarse una audiencia inicial.
“Simplemente están siendo liberados sin tener idea de lo que vendrá después”, dijo Randy McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services (Servicios Legales Católicos) de la Arquidiócesis de Miami, quien ha visto a cientos de miles de inmigrantes unirse a sus comunidades de la diáspora.
Son tantos los inmigrantes que acuden a ellos en busca de consejo legal que desde hace dos años les enseñan principalmente cómo realizar ellos la petición y representarse a sí mismos ante los jueces.
“Les ayudamos a entender qué quieren los jueces, y ayudamos a los jueces con la eficiencia y a preservar los derechos fundamentales”, dijo Miguel Mora, abogado supervisor de Servicios Legales Católicos en Miami.
Los defensores dicen que la mayoría de los inmigrantes piden representación legal individual —algo que se vuelve cada vez más raro dado el enorme número— y cómo obtener permisos de trabajo, que pueden solicitar durante 150 días después de presentar su solicitud de asilo.
Es un círculo vicioso: sin un trabajo regular, la mayoría no puede permitirse ni siquiera un abogado de honorarios bajos, por lo que sus casos pueden tardar aún más.
“No contamos con el dinero”, dijo Rodriguéz, de 23 años, a la jueza Martyak, quien ya les había concedido una prórroga por no tener abogado en una audiencia anterior, mientras su pareja mecía la carriola donde dormía su bebé nacido en Estados Unidos. Huyeron de Honduras después de que la pandilla que había matado al padre del hijo mayor de Baneza los amenazara con más violencia a menos que comenzaran a pagarle con las escasas ganancias de su tortillería.
“No quedó más opción que retirarnos del país”, dijo Rodriguéz a The Associated Press. “Ya hemos tenido tres cortes; el tiempo nos ha ayudado. Ahora ya estamos un poco orientados”.
Pero el lento proceso también significa que toma años para que los solicitantes de asilo puedan reunirse con las familias que dejaron atrás e integrarse plenamente en la sociedad estadounidense, dijo Karen Musalo, abogada y profesora que dirige el Center for Gender & Refugee Studies (Centro de Estudios de Género y Refugiados) en la Universidad de California en San Francisco.
El tiempo tampoco ayuda con la acumulación a pesar de que los registros gubernamentales muestran que los jueces completaron muchos más casos en el último año que nunca antes, porque su lista de casos aún crece muy rápido. Su promedio de casos es ahora de 5.000 por juez, dijo Mimi Tsankov, presidenta de la National Association of Immigration Judges (Asociación Nacional de Jueces de Inmigración).
Citó estimaciones de que duplicar el número actual de jueces a unos 1.400 podría resolver el retraso actual para 2032. En la nueva solicitud de presupuesto, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración solicitó fondos al Congreso para contratar a 150 jueces nuevos y personal de apoyo, dijo Kathryn Mattingly, su secretaria de prensa.
Expertos como el juez retirado Paul Schmidt, quien también sirvió como asesor de inmigración del gobierno cuando se promulgó la última reforma importante hace casi 40 años, dicen que el sistema disfuncional sólo puede arreglarse con cambios importantes de políticas. Un ejemplo sería permitir que la mayoría de los casos de asilo se resuelvan administrativamente o mediante procesos simplificados en lugar de litigarlos en los tribunales.
“La situación ha empeorado progresivamente desde el gobierno de Obama, cuando realmente empezó a salirse de control”, agregó Schmidt, quien en 2016 —su último año en el tribunal— programaba casos para siete años después.
A mediados de la década de 2010, las familias y los niños de Centroamérica que buscaban asilo se convirtieron en la mayoría de los que cruzaban ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. En respuesta, el gobierno de Obama, así como los gobiernos de Trump y Biden, comenzaron a priorizar algunas categorías de casos que querían resolver más rápido para reflejar las prioridades de la aplicación de la ley.
Pero los tribunales son disuasivos ineficaces para las personas que están desesperadas por huir de sus países, y los jueces dicen que arrastrar los casos sólo aumenta el caos mientras revisan docenas, si no es que cientos, de casos por día.
En el juzgado de Miami, la semana pasada, una jueza fue a buscar a una familia haitiana que no se presentó y luego concedió una orden de deportación en ausencia, tal como había hecho para una familia colombiana que tampoco acudió a su audiencia precisamente antes.
Otro juez determinó que una madre cubana y después un hombre venezolano habían solicitado otras formas de protección ante sus países, desestimó sus casos y les dijo que habían terminado con el tribunal. La mujer rompió a llorar de agradecimiento. El hombre, quien había recorrido más de 320 kilómetros (200 millas) para la audiencia que duró unos minutos, murmuró: “Que Dios le bendiga”.
Y un flujo constante de inmigrantes fue a buscar a Servicios Legales Católicos, incluyendo una pareja dirigida allí por el juez para descubrir cómo presentar ante el tribunal su video del asesinato a manos de una pandilla que los obligó a huir de su país.
Con información de AP
