Ciudad de México. La nueva ley de aguas ha permitido detectar un presunto adeudo de casi 12 mil millones de pesos de empresas “que, de no regularizarse, van a tener sanciones correspondientes e incluso la cancelación de sus títulos” de manejo del recurso.
Así se dio a conocer esta mañana en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde se añadió que la aprobación de esa nueva normativa —en diciembre de 2025— ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos para el manejo y uso del vital líquido.
El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó algunos de los casos donde particulares que tienen concesiones de agua para uso agrícola, que el Estado entrega de manera gratuita, y pese a ello lucraban con el recurso al transmitirlo por pagos millonarios a particulares para distintos usos.
A la fecha, dijo el funcionario, se han realizado 7 mil 614 inspecciones, de ellas han terminado mil seis en clausuras para personas que utilizaban los títulos o concesiones de agua de manera ilegal.
Uno de los ejemplos presentados en la mañanera fue el de los municipios de Baja California, que desde 2002 compran el recurso a un distrito de riego bajo la figura de transmisiones a fin de darle uso para los habitantes del estado.
“En últimos cinco años han tenido que pagar más de 531 millones de pesos, a unas cuantas personas”, expuso Morales López. A lo que la mandataria federal agregó que ese lucro se quedaba en manos de unas cuantas personas y venía derivado de un recurso de la nación.
Por ello, este lunes, “en un hecho histórico”, por primera vez se entregarán derechos de explotación del vital líquido para los municipios de Baja California: Ensenada, Tijuana, Mexicali, Rosarito y Tecate.
Otro caso expuesto en la conferencia matutina presidencial es el de la familia Calzada, del ex gobernador de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa (PRI), que cuenta con concesiones para uso agrícola de agua y cambian de uso de 628 mil metros cúbicos para comercializarlos en pipas.
Esa familia queretana tiene otro título que usa para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, donde hay esquís acuáticos y se tienen áreas verdes muy grandes.
Durante las discusiones en el Congreso para la aprobación de la nueva ley del agua, destacó la presidenta, el diputado del PRI, Mario Calzada, de esa familia, se opuso en tribuna a la nueva normativa.
“La familia Calzada en Querétaro tenía concesiones de agua para riego agrícola. Que no paga el agua, así está en la ley, el agua utilizada para producción de alimentos no paga derecho a la Conagua. Lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. ¡Ah, pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua o para vender agua en pipas!”, apuntó la jefa del Ejecutivo.
También se dio a conocer el caso de una refresquera “muy famosa” —de la que no se dio el nombre porque hay un proceso legal abierto—, y derivado de la nueva ley “se hizo una revisión y detectamos que se tienen 18 títulos donde no se está pagando por más de 2 millones 800 metros cúbicos que tiene concesionado. O no lo usa y está acaparado o lo usa y no paga”.
Asimismo, agregó el titular de Conagua, se halló que esta empresa cuenta con 10 títulos que sobreexplotan la concesión en casi un millón de metros cúbicos, 42 concesiones no cuentan con medidor y 10 títulos que incumple con los pagos. Todo ello tendría un presunto adeudo de 234 millones de pesos.
La empresa, dijo, se ha acercado a la Conagua para regularizar su situación.
El funcionario señaló que con estos cambios, el año pasado se logró un incremento de 3 mil 500 millones en recaudación por concepto de pagos por el agua; y en 2026 se proyecta que la recaudación crezca en 6 mil millones por ese concepto. Recursos que se usarán en obras públicas para el manejo y distribución del agua a la población.
Sheinbaum Pardo señaló por su parte que la nueva ley en la materia “ha tenido impactos positivos. Nuestro objetivo es que no haya privilegios. El cambio en la nueva ley de aguas tuvo, entre otras razones, quizás la principal, es acabar con los privilegios a la hora de acabar con la transmisión de los derechos del agua”.
Señaló que a partir de la vigencia de esta normativa, la Conagua ha encontrado que con la anterior gestión del recurso se daban diversas irregularidades que permitían que terceros lucraran con el agua gratuita que recibían para riego.
Recordó que fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1992, cuando se permite comercializar el agua, “convertirla en mercancía. Después hubo títulos de concesión de Salinas, de (Ernesto) Zedillo; (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón dieron muchísimos títulos de concesión de este tipo; y (Enrique) Peña”.
