Desde el Congreso del Estado se está impulsando una iniciativa de reforma que busca incorporar el matrimonio infantil al catálogo de delitos graves en el Código Penal local, con penas de hasta 22 años de cárcel.
En Quintana Roo, el matrimonio infantil no está tipificado en el Código Penal, por lo que la propuesta de la diputada Jissel Castro busca incluir este comportamiento bajo el término ‘Cohabitación Forzada’, con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida digna y libre de violencia.
“En algunas comunidades, principalmente del sur del Estado, este comportamiento es tolerado por sus habitantes ya que se ven orillados por diferentes factores como la pobreza, la desigualdad de género y la falta de protección a los derechos de la niñez.
“El matrimonio infantil es una forma de violencia que va en contra los derechos de los menores, ya que pone en riesgo su salud física y mental. Este riesgo es principalmente para las niñas, que a una edad temprana son más vulnerables a sufrir violencia de pareja, embarazos prematuros y complicaciones durante el parto”, explicó la diputada promovente.
El pasado 25 de abril se publicó la reforma del Código Penal Federal para tipificar la cohabitación forzada como delito grave. Por ende, esta iniciativa surge de la necesidad de alinear las leyes estatales con las federales.
“Necesitamos ponernos a la par de las normativas federales e incorporar la cohabitación forzada en nuestro código penal para reforzar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida digna y libre de violencia”.
En ese contexto, la reforma incorpora el artículo 194 al Código Penal, imponiendo una pena de ocho a 15 años de prisión a aquellos que obliguen a un menor de edad a participar en una unión informal, ya sea con o sin su consentimiento, con un adulto o incluso con otro menor de edad.
Estas penas podrán aumentar hasta una mitad si la víctima pertenece a algún pueblo, comunidad indígena o afro mexicana, lo que significa que la pena podrá elevarse hasta 22 años de cárcel.
Será la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, el ente encargado de recibir y atender las denuncias ciudadanas relacionadas con cualquier caso de matrimonio infantil en el estado.
“Con esta reforma lograremos reducir la brecha de impunidad que pudiera existir por la normalización de este tipo de conductas en especial en comunidades de mayor situación de marginación”, añadió la diputada.
