Mucho hemos hablado en este espacio de Derechos Humanos, pero puede ser que a veces esos derechos se perciban como simples deseos, pues resultan poco o nada accesible para todas las personas.
En la Constitución mexicana en sus primeros artículos se reconocen los derechos que tenemos las personas y las comunidades. En 2011 hubo una reforma a la constitución que incorporó el concepto Derechos Humanos de forma expresa y que los derechos que se han reconocido a nivel internacional y de los que participa México, son parte del conjunto de derechos con los que contamos las personas mexicanas.
A continuación transcribo un par de párrafos del artículo 1° de la constitución:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
En el primer párrafo se habla además de “garantías para su protección”, un concepto distinto pero clave para el ejercicio de cualquier derecho.
Cuando hablamos de garantías nos referimos a los recursos al alcance de los ciudadanos para exigir el cumplimiento de los derechos humanos, ahí puede estar el juicio de amparo que sirve para exigir el cumplimiento de algún derecho. Lamentablemente es un recurso especializado y caro.
Otro sería el presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o una comisión estatal.
Por otro lado en el segundo párrafo transcrito se menciona que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, están obligadas a garantizar los derechos humanos. Lo que significa que éstas deberían estar planeando cambios promover en la cultura institucional de respeto a los derechos humanos; o bien cómo mejorar el ejercicio del presupuesto para optimizar la calidad de los servicios que orecen y todos.
Que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos humanos requiere de leyes e igualmente de políticas públicas que los materialicen. Lo cual supone ciudadanas y ciudadanos que exigen derechos y no piden favores. Edgar Cortez
