La desaparición de personas es un delito cruel y que genera enorme sufrimiento. En México, en noviembre de 2017, el Congreso aprobó la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares.
En el artículo 27 de esa ley se define el delito así: Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
Históricamente el delito de desaparición forzada inició como una forma mediante la cual los gobernantes eliminaban a sus opositores políticos y, además ocultaban deliberadamente cualquier información, para impedir conocer la suerte de la persona y tampoco responder ante la justicia. Entre los casos más emblemáticos están las desapariciones forzadas cometidas por las dictaduras militares de Argentina y Chile durante la década de los años ochenta.
En México también nuestros gobernantes y militares han recurrido a esa misma práctica desde finales de los años sesenta y hasta nuestros días.
Sin embargo a partir de la “guerra contra el narcotráfico” la desaparición de personas empezó a ser también una práctica recurrente, por parte de los grupos delincuenciales, para dirimir sus disputas con grupos oponentes o bien en sus confrontaciones con las instituciones de seguridad.
Por esta razón la ley general, de la que hemos hablado, distingue la desaparición forzada de la desaparición cometida por particulares. La primera es aquella cometida por servidores públicos o cometida por un particular con apoyo de una autoridad. Mientras que la segunda es cometida simplemente por particulares.
Al día de hoy en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se informa que en México hay 112, 459 personas desaparecidas y no localizadas. Una cifra escandalosa y urgida de atención
México tiene muchas obligaciones en materia de derechos humanos y una de esas es que las personas no sean desaparecidas. Nuestro país está obligado porque se comprometió a cumplir con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
Para verificar el cumplimiento de esta tarea la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuenta con un Comité de personas expertas que evalúa la situación de cada país y en septiembre pasado hubo un diálogo entre el Comité y funcionarios del gobierno para revisar lo que se ha hecho y los pendientes en México.
Finalmente el Comité hizo una larga serie de recomendaciones para atender esta crisis, entre las que destacan la coordinación entre instituciones (Fiscalías y Comisiones de Búsqueda), que no tenemos una política de prevención y muchas otras más. Erradicar la desaparición de personas es una tarea para el largo plazo y parte del reto es lograr que la exigencia de poner fin a las desapariciones, sea una exigencia de toda la sociedad.
