La Comisión de Procuración y Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para tipificar como delito los pinchazos, que considera penas de dos a cinco años de prisión y de 50 a 300 días de multa a quien sin el consentimiento de una persona administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia de manera subrepticia o mediante engaños.
Con 11 votos a favor, cero en contra y la abstención del diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres, se aprobó la reforma al Código Penal que plantea la incorporación de un nuevo capítulo denominado Administración subrepticia de sustancias, junto con el tipo penal correspondiente, en el título primero, Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, del libro segundo, parte especial, del Código Penal para el Distrito Federal.
Al respecto, el diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la comisión, consideró indispensable contar con un tipo penal específico a fin de robustecer la protección jurídica para las víctimas de los pinchazos, orientar las acciones de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, y de esta manera fortalecer la respuesta frente a nuevas formas de violencia, asegurar entornos seguros y reafirmar el respeto a la autonomía corporal en los espacios que forman parte de la vida cotidiana de las personas.
Mencionó que de acuerdo con las denuncias presentadas, las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación después del pinchazo, lo que evidencia un riesgo serio para su integridad y salud.
Inseguridad en el Metro
Por su parte, la iniciativa para adicionar el capítulo II bis al título tercero del libro segundo del Código Penal local, en materia de sumisión química por pinchazo, suscrita por la diputada Tania Larios Pérez, señala la creciente inseguridad que enfrenta la población de la capital, en específico las personas usuarias del Metro ante las agresiones por pinchazo, que además de implicar un acto violento fomentan un clima de miedo e impunidad en el transporte público.
En su intervención, la diputada Yolanda García Ortega, del PVEM, manifestó su apoyo y coincidió con la iniciativa presentada recientemente por su grupo parlamentario para tipificar la sumisión química a través del suministro de bebidas dopadas o adulteradas.
La reforma al Código Penal la propuso el Gobierno de la Ciudad de México luego de la serie de denuncias de usuarios por pinchazos en el transporte público, en particular el Metro.
Se prevé que el sábado 31 de mayo sesione el Congreso capitalino y el dictamen sea sometido al pleno para su eventual aprobación.
