Ciudad de México. Con el voto de la mayoría de las bancadas –excepto MC-, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir desde la Constitución la producción, distribución y venta de cigarros electrónicos y vapeadores, así como el tráfico ilegal de fentanilo.
En la discusión del cambio –que forma parte del denominado plan C-, se alertó que se ha disparado el uso de dispositivos electrónicos para consumir nicotina, incluso en adolescentes, lo que se traduce en un aumento de daños a la salud e incluso fallecimientos.
“No podemos tener ningún tipo de consideración con estos dispositivos, que además generan importantes cantidades de basura electrónica”, dijo la diputada Adriana Bustamante (Morena).
Aun cuando PAN y PRI votaron en favor de la medida, diputados de ambos grupos parlamentarios resaltaron que la prohibición de vapeadores y el tráfico ilegal de fentanilo debían ser motivo de una regulación legal, no de una enmienda constitucional.
La crítica se extendió porque además se modificó el artículo 5º constitucional, donde se prevé que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, comercio o trabajo que les acomode, siendo ilícitos”.
Con la modificación incluida esta noche, se agregó: “Queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
El diputado Miguel Rodarte (PAN), consideró que el artículo 5º constitucional tiene como objeto un alcance inverso a lo votado esta noche. Si se empiezan a prohibir profesiones desde la Constitución, ironizó, en algún momento también se propondrá incluir a “asaltabancos, a quien robe auto robadas y al que se dedique a actividades ilícitas. El artículo 5º constitucional se explica como está, que nos podemos dedicar a lo que queramos, siempre y cuando sea lícito”.
La diputada Cynthia López Castro (PRI) dijo que, si bien se cierra una puerta en el caso de dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina, “se abre otra al mercado negro. Tenemos que regular el mercado. Me parece desatinado ponerlo en la Constitución. La Constitución no es para eso, ¿por qué no se prohíbe entonces el tabaco, el alcohol o las drogas, o algunas otras sustancias dañinas para los jóvenes, principalmente”.
El dictamen avalado esta noche cita que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, 2.6 por ciento de los adolescentes lo usan, esto es aproximadamente 500 mil menores de edad, así como 1.5 por ciento de la población adulta, esto es 300 mil personas.
Respecto de la práctica conocida como vapeo, recordó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitariosinformó que para 2022, alrededor de cinco millones de personas entre 12 y 65 años de edad habían usado alguna vez un vapeador, mientras que su uso regular se presentó en 975 mil personas.
El dictamen añade: “los cigarrillos electrónicos eventualmente implican el tránsito a un fumador de tabaco común y, en otras ocasiones, del uso de tabaco común al consumo de cigarrillos electrónicos; además, en varios casos -en población juvenil- se observa el uso de cigarrillos electrónicos sin pasar previamente por el consumo de tabaco común, lo cual describe un proceso semejante en el caso de los vapeadores.
“Así, independientemente de los riesgos a la salud que presentan por sí mismos los cigarrillos electrónicos y los vapeadores por las enfermedades respiratorias-pulmonares en las que derivan, también propician el incremento de la población fumadora y vapeadora, esto es, tienen un efecto de enganche o difusión sobre sus consumidores”.
Mientras que, en el caso de las drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, derivada de precursores químicos como el ácido fenilacético, 1-fenil-2-propanona, acetona, ácido clorhídrico, metilamina, tolueno, efedrina, sosa caustica, la comisión resaltó que las actividades de su producción a su consumo se han incrementado en el país.
