Lo dictámenes periciales tras la explosión de una pipa que transportaba gas en el puente vial La Concordia arrojaron que la empresa Silza tuvo omisiones en materia de gestión de riesgos al incumplir diferentes normas, entre ellas no realizar exámenes médicos al conductor Fernando Soto Munguía antes de su salida, así como permitirle conducir 16 horas en un término de 24 horas y por la falta de capacitación.
Al presentar los avances de la investigación del accidente del 10 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) refirió las irregularidades en que incurrió esa compañía gasera; además de las anteriores, no se ajustó a la normatividad federal e implementación de controles efectivos, que sumados a la falta de pericia del conductor originó la tragedia que dejó 31 personas fallecidas y 59 personas lesionadas.
En conferencia de prensa, la fiscal capitalina Bertha Alcalde resaltó que ese tipo de unidades deben circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, lo que no fue respetado y quedó en los registros de la empresa Silza. Agregó que el conductor llevaba 6 horas con 20 minutos conduciendo y sólo tomó 15 minutos de descanso, cuando la norma establece que debe hacerlo 30 minutos por cada 4 horas de trayecto.
Esto se sumó a que en menos de un día Fernando Soto llevaba al volante 16 horas continuas de manejo, cuando el máximo es de 14 horas en un día.
La funcionaria detalló que se han realizado 273 peritajes en los que resalta el análisis de seguridad industrial efectuado en las labores del conductor, que estableció el reporte de tres incidencias por exceso de velocidad el mismo día de la explosión.
Al momento de perder el control de la pipa, ésta quedó dañada, lo que causó la salida del combustible que tuvo una onda expansiva de 180 metros de diámetro, con una ignición de afuera hacia adentro del vehículo sin que se sepa qué fue lo que la detonó.
Alcalde agregó que las investigaciones continúan, pero los resultados presentados corresponden a la primera etapa de la indagatoria; mencionó que la institución a su cargo buscará en todo momento la reparación integral del daño, pero en caso de que las víctimas indirectas de la explosión no la acepten, existen elementos para realizar la imputación ante un juez de control por delitos culposos como homicidio, lesiones y daños materiales.
Al preguntársele por el proceso de reparación del daño, comentó que mantienen mesas de trabajo con la empresa implicada, pero que sería irresponsable dar un monto, pues se debe analizar cada caso. Señaló que falta hablar con las víctimas para saber si aceptarán los acuerdos.
