Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta noche a la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial de una ley general de extorsión y de reformas al Código Penal Federal y al Código Penal de Procedimientos Penales, para unificar en todo el país el delito de extorsión, que se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado por las víctimas de manera anónima.
La propuesta incluye tipificar como delitos graves la emisión de comprobantes fiscales falsos y el contrabando, en momentos que se ha incrementado el tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos.
En su iniciativa, planteó a los diputados sancionar el delito con un tipo penal básico, con prisión de 6 a 15 años, que prevé tres grupos de 43 agravantes, para que las sentencias admitan según las modalidades del ilícito.
Así, en una primera categoría se prevén como agravantes que la extorsión se relacione con cobro de piso, la imposición de precios a productos, bienes o servicios, la utilización del sistema financiero y cuando se cometa contra candidatos a cargos de elección popular.
Una segunda, cuando se cometa contra migrantes, menores de edad, embarazadas o adultos mayores Y, una tercera, cuando se amenace con un daño a la integridad de la víctima, e incluye el uso de violencia, la simulación de un accidente de tránsito -esto esa los conocidos como “monta choques”, el uso de menores de edad, que el delito se cometa por funcionario o ex funcionarios públicos, o bien que se afecte directamente a la economía de un estado.
Además, se prevé la sanción al entorno de quienes cometen el delito, esto es desde quienes los encubran o les sirvan de enlace logístico y la sentencia deberá incluir la reparación integral del daño.
“La extorsión es una conducta ilícita que, generalmente, se actualiza cuando una o varias personas, con el ánimo de lucrar, coacciona directa o indirectamente a otra u otras, para que dé, haga o se abstenga de entregar o realizar algo, provocándole un daño a su patrimonio o a su esfera psicológica o emocional”, señaló en la exposición de motivos.
Además, reconoció que su presencia, expansión y sofisticación se explican por sus propias características, así como en la pluralidad de medios e instrumentos que se emplean para cometerlo, desde herramientas telefónicas, electrónicas y a través de tecnologías de apoyo que le permiten a la persona agresora no tener contacto directo con la víctima.
Expuso que la lucha contra la extorsión será integral y no habrá tolerancia frente a la complicidad, corrupción y negligencia.
“Con la presente iniciativa se pretende cerrar el círculo de impunidad, combatiendo no solo a los autores, sino a toda la red que sostenga la comisión de este delito. Por lo que, también se considera sancionar a quienes auxilien o cooperen con el autor en la comisión del delito o a quien introduzca o intente introducir a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o sus componentes, mismos que generalmente son utilizados para cometer conductas extorsivas (sic)”, indicó.
Al respecto, también se propone un capítulo para obligará los directores de penales a contar con sistemas de bloqueo de señales de voz, datos e imágenes.
