Más de tres mil escuelas primarias y secundarias en la Ciudad de México podrán reactivar la revisión de mochilas de los alumnos para detectar el ingreso de pistolas, rifles, pirotecnia, así como armas punzocortantes como picahielos, desarmadores, navajas, cadenas, cuchillos y drogas.
Tras el anuncio de la actualización de los Marcos de Convivencia Escolar para los planteles públicos y particulares de nivel preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició la difusión del Protocolo para la Protección y Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes en la Revisión de Útiles Escolares entre más de tres mil escuelas.
Esto ocurre 12 años después del lanzamiento del programa de Convivencia Escolar que impulsó el programa Mochila Segura. Sólo que activistas que participaron en la denuncia contra Mochila Segura afirman que a pesar del cambio de nombre y que se pretenda una acción consensuada y voluntaria sigue siendo una acción inconstitucional.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) anunció que en su momento evaluarán la necesidad de observar e iniciar algún procedimiento en contra de este lanzamiento de Revisión de Útiles Escolares.
Mochila Segura surgió en la secundaria 249 México Tenochtitlán, en la delegación Iztapalapa, luego de que en abril de 2001 padres de familia y profesores solicitaron a las autoridades realizar una revisión de mochilas debido a que de forma continua había casos de droga y armas en la escuela.
Fue la coordinación de Seguridad Pública la que inició un operativo piloto con la participación de los padres de familia,maestros, directores y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública. De ahí se amplió a otras colonias y al finalizar el año ya se tenía el operativo en 150 escuelas. Luego se replicó en Ciudad Juárez, Yucatán, Chihuahua, estado de México y Coahuila.
Cinco años después de operar sin lineamientos ni una normatividad, el programa se incorporó al Programa de Escuela Segura (PES). Éste llegó a operar en las 32 entidades del país y fue el responsable de incluir entre sus actividades la Mochila Segura. Entre 2007 y 2011, el PES recibió más de 919 millones 458 mil pesos. La mitad de los recursos eran para elaborar materiales de difusión y talleres, en tanto que 40 por ciento más era para reunión de autoridades para evaluar los resultados del programa y el 10 por ciento restante en la operación del mismo.
De tener 37 millones de pesos en 2007, en 2011 obtuvo un presupuesto de 329 millones 434 mil pesos. Al año siguiente, en la nueva administración,la SEP canceló Escuela Segura.
Según la tesis Mochila Segura: un Estudio Exploratorio, de José Luis Hernández, de la Universidad Pedagógica Nacional, Mochila Segura era la principal acción dentro del PES. Con esos recursos del programa se realizaban talleres para prevenir el maltrato, el consumo de drogas y alcohol “pero si la incidencia era mayor se revisaban las pertenencias de los alumnos”.
Tras la denuncia de diversas organizaciones de la sociedad y de defensores de derechos humanos, en febrero de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad del programa Mochila Segura o en alguna otra vertiente, luego de que la organización Redim interpuso diversos recursos legales en contra de la medida.
Por ello ahora que la SEP en la Ciudad de México busca lanzar este programa de Revisión de Útiles Escolares dice que tendrá un“diseño consensual y no obligatorio para las revisiones a las pertenencias delos educandos, con amplio respeto a la oposición de quienes no acepten dicha medida”.
Pese a que se anunció la aplicación del nuevo Marco de Convivencia y se difunde el protocolo, la SEP sólo puso a disposición la versión de “proyecto”.
Con este protocolo, al que tuvo acceso El Sol de México, la capital del país se suma a entidades como Baja California, Tamaulipas, Chiapas, Durango y Sonora que impulsaron protocolos similares al inicio de este ciclo escolar.
Los encargados de aplicarlo serán los padres de familia, se realizará en las aulas y deberá cumplir con un procedimiento de 20 pasos, entre los que enfatiza que “por ninguna circunstancia participará en la revisión, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública de la CDMX”.
Especifica que la revisión la realizarán “únicamente las madres, padres de familia o tutores, previamente autorizados para participar en la actividad”.
“Deberá evitarse el contacto físico con las alumnas y alumnos, y con sus pertenencias. Serán objeto de revisión únicamente las mochilas, bolsas, morrales, etc., quedando estrictamente prohibida la revisión corporal de los alumnos”.
Señala que “se abstendrán de solicitar a los educandos, que se retiren prendas de vestir para exhibir total o parcialmente su cuerpo” y no estará permitido usar palabras altisonantes o que menoscaben la integridad emocional o psicológica de los estudiantes.
Quienes hagan la revisión evitarán tocar, manipular o hacer crítica de los objetos personales de los alumnos, así como del contenido de las mochilas. Tampoco podrán retirar los artículos, objetos o sustancias que puedan generar disrupciones en el orden de las instalaciones escolares, afectar la salud, seguridad y el bienestar de las personas o causar daños a la propiedad de la escuela y los objetos encontrados serán resguardados hasta que acudan los papás de los niños que ingresaron esas armas u objetos.
En caso de que el alumno se niegue a la presentación de su mochila, se debe respetar su decisión, el Comité de revisión le pedirá que coloque su mochila en la dirección del plantel sin que ésta sea revisada. En ese caso, el alumno deberá continuar con su jornada escolar de manera normal.
Como acción adicional, “se intentará localizar a la madre, padre de familia o tutor para enterarlo de lo sucedido y se le solicitará que a la brevedad acuda al plantel educativo, para que de manera voluntaria revise la mochila en presencia de la autoridad escolar”.
VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe, aseguró que la aplicación de cualquier acción que intente revisar las pertenencias de las niñas, niños y adolescentes “es violatorio de la constitución”.
Dijo que al lanzar este programa de Revisión de Útiles Escolares es una “burla” a los derechos humanos.
Afirmó que, aunque lo pidan los papás, es violatorio, debido a que ellos no son dueños de los menores de edad y, “aún, cuando ocurriera esa barbaridad, es violatorio de la ley. Revisar las pertenencias de las niñas y niños es una visión que los criminaliza. Distrae alas familias, los engaña, para dar señales de que la autoridad cuida a los menores de edad, cuando el tema central es generar confianza”.
Agregó que “es preocupante que estén invitando a los padres de familia, se estén convirtiendo en policías de sus hijos, si los menores de edad no quieren que los revisen, ningún papá o mamá tiene derecho legal a revisar nada”.
Los argumentos que esgrimió la Corte es que no existía una normativa que garantizara que todas las personas tuvieran la protección y derecho frente a lo que se pretende. Hacer cualquier tipo de regulación: un oficio, circular y protocolo no supera el rango constitucional.
“Es discriminatoria porque sólo se aplica a niños y niñas y no a todas las personas, lo cual hace presuponer que los primeros son peligrosos y portan armas, lo cual es incorrecto”:
Afirmó que se trata de una violación a las personas porque nadie puede ser invadido, intervenido en su vida privada sin un mandato judicial.
Comentó que tal como se pudo observar la semana pasada en el caso del estudiante de Coahuila, en el que un alumno agrede a la profesora en el aula, el acoso escolar, la violencia entre pares, entre maestros y niños o en estos casos ocasionales y raros de niños contra maestros,“todos tiene enojo y frustración porque no fueron escuchados y no se paró la violencia que les incomodaba”
Tania Ramírez, actual directora ejecutiva de Redim, afirmó que la determinación de la Corte establece la inconstitucionalidad de los programas sucedáneos, es decir, a Mochila Segura o cualquiera que intente plantear la criminalización de los menores de edad y la revisión de sus pertenencias escolares.
“Toda medida encaminada a generar entornos más seguros en las escuelas es positiva, pero no puede ir en contra de lo que analizó y sentenció la Corte”.
La especialista agregó que “es cierto que estamos en un contexto de violencia y de violencia armada, pero no son niñas, niños y adolescentes los protagonistas”, más bien planteó la necesidad de analizar cómo es que llegan las armas a las manos de los niños y adolescentes.
Dijo que las imágenes más recientes de violencia escolar ponen en evidencia la necesidad de medidas, pero no deben ser punitivas, estigmatizantes ni criminalizantes.
