Ciudad de México. La violencia generada por grupos criminales en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala ha ocasionado “muerte, tortura, desapariciones y reclutamiento forzado”, y ha obligado a comunidades a desplazarse; ante ello los esfuerzos del Estado mexicano para hacer frente a esta realidad han sido insuficientes, aseguró la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak.
“El crimen organizado sigue tomando el control de muchos territorios y comunidades”, sostuvo en una audiencia pública, en el marco del 190 periodo de sesiones de la CIDH, en la que organizaciones civiles advirtieron que desde julio del 2021 esa región fronteriza “ha sido escenario de una violenta disputa territorial entre estructuras rivales”.
Además, llamaron a la CIDH a realizar una visita in situ en los municipios afectados e impulsar la conformación de una comisión de investigación independiente, con apoyo técnico y financiero de instancias internacionales, que realice una investigación pronta, exhaustiva y efectiva de las violaciones a derechos humanos.
Igualmente le pidieron convocar en noviembre a una mesa de trabajo entre gobierno, sociedad civil y la comisión para evaluar la situación.
Arif Bulkan, relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, expuso que el panorama denunciado por las organizaciones refleja “una crisis de una magnitud considerable”, y aunque reconoció que el Estado “tiene la voluntad de resolver esto y están preocupados por sus ciudadanos, las respuestas deben ser más fuertes porque hay graves abusos de los derechos humanos”.
En la audiencia virtual, Teresa Baratta, encargada de incidencia del Movimiento Sueco por la Reconciliación, señaló que la disputa entre grupos criminales en la frontera de Chiapas y Guatemala parece estar centrada en el control de las rutas trasnacionales de tráfico de drogas, armas y migrantes, “y se ha manifestado en la multiplicación de enfrentamientos armados, desapariciones, desplazamientos, ejecuciones, masacres, actos de exposición ejemplarizante de la tortura y acciones de violencia político-electoral”.
Indicó que la estrategia de los grupos del crimen organizado “se ha basado principalmente en el control violento de la población civil, los habitantes son obligados a someterse a uno u otro grupo, bajo amenazas de desaparición, tortura y asesinato en caso de resistencia”.
Sobre los desplazamientos forzados, Baratta sostuvo que según estimaciones de organizaciones de sociedad civil, entre 12 y 15 mil personas han sido desplazadas debido a la violencia armada, dejando varios pueblos abandonados, en los que en algunos casos sólo quedan adultos mayores y personas con movilidad reducida.
A su vez, la defensora Damaris Guaza hizo una relatoría de los maestros, activistas y demás civiles que han sido asesinados, como José Artemio López en Chicomuselo, quien “fue asesinado dentro de su casa el 21 de octubre del 2023, tras ser torturado por su labor de defensor comunitario”.
Nataniel Hernández, de la secretaría ejecutiva de la Red TDT, denunció que pese a este contexto, el Estado “no ha implementado un plan integral de atención con perspectiva de derechos humanos e intercultural para las comunidades afectadas por la violencia”.
Por el contrario, manifestó, ha habido “negación o minimización de la violencia en Chiapas, aludiendo en muchas ocasiones la ausencia al bajo índice de denuncias penales”.
Señaló que a pesar del despliegue militar y de la Guardia Nacional en la zona, no hay enfoque claro de protección ciudadana, “permitiendo la operación del crimen e incluso en presencia de las fuerzas armadas. Su actuación ha sido mayormente omisa, interviniendo tardíamente o reaccionando con confrontación, poniendo en riesgo a civiles”.
En representación del Estado mexicano habló Roberto de León, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien aseguró que parte de la conflictividad Chiapas tiene raíces históricas, está sustentada en afectaciones al tejido social y a la falta de atención y oportunidades que han llevado en diferentes momentos a que aumente la violencia y existan vulneraciones a los derechos humanos.
No obstante, destacó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “se ha hecho una apuesta estratégica por el bienestar de las personas” y la actual política social ha dado resultados. Enlisto los programas sociales y subrayó que la disminución de la pobreza en Chiapas es “de más del 10 por ciento, en los últimos cinco años”.
Los programas del bienestar del gobierno federal, así como otras acciones en el ámbito estatal y local, afirmó, “buscan contribuir a una cultura para la paz”.
Sobre las acciones de seguridad, resaltó que, se conformó en el estado la mesa de coordinación estatal para la construcción de paz, la cual inició trabajos en diciembre del 2018.
Señaló que por parte del gobierno federal se tiene un total de 27 mil 931 miembros de la GN y de otras fuerzas de seguridad en el estado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad cuenta con 13 mil 640 policías, y en el ámbito municipal Chiapas tiene además con 9 mil 442 elementos policiacos en todo el territorio.
Este estado, dijo, “se encuentra en el penúltimo lugar de incidencia delictiva en el país”, y en cuanto a homicidios, se ubica en el lugar 26, en cuanto a la prevalencia de la comisión de este delito.
No obstante, admitió que “aun hay mucho por hacer y requerimos seguir fortaleciendo las acciones de atención a la población y prevenir la acción de grupos delictivos y del crimen organizado”.
Aunque Pochak tomó nota de lo expresado por la representación mexicana, aseveró que de un Estado y un gobierno como el de México, con tantos recursos y políticas a favor de los derechos humanos, “esperamos más”.
