Ecuador sigue con la incertidumbre sobre las consecuencias que traerá para el país la irrupción policial violenta a la Embajada de México en Quito y la consecuente ruptura de relaciones bilaterales decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, justificó esa irrupción porque debía detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de supuesta corrupción y quien se había refugiado en esa sede diplomática a la espera del asilo político, que México finalmente concretó pocas horas antes de su arresto y traslado a una cárcel de máxima seguridad.
Previamente, Ecuador había declarado “persona non grata” a la embajadora mexicana Raquel Serur, que este domingo regresó a su país con todo el personal de la legación diplomática que dirigió y con el respaldo de varios embajadores de países amigos que fueron a despedirla en el aeropuerto de Quito.
México, que recibió el respaldo unánime de la comunidad americana, pondrá una queja en el sistema internacional de justicia por el agravio causado por Ecuador, ahora vulnerable incluso a sanciones de tipo financiero y comercial, según advirtieron varios analistas.
El gobierno de Ecuador, que recibió la condena casi total de la comunidad internacional, ha intentado justificar sus acciones bajo el argumento de su lucha contra la corrupción en el marco de una guerra declarada por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado que agobia a su país.
El Ejecutivo ecuatoriano identificó a Glas, alfil del expresidente Rafael Correa, como la antorcha de su lucha anticorrupción y recordó que ya fue condenado por asociación ilícita y cohecho, además de estar siendo investigado en otro caso de malversación de fondo públicos.
Glas, que niega tales cargos y dice ser víctima de persecución política y judicial, espera que la justicia local tramite una demanda de hábeas corpus presentada por su defensa, que considera ilegal su arresto.
Más allá de las implicaciones judiciales y políticas casa adentro, la actuación del presidente Noboa en la crisis con México está sometida a interpretaciones sobre las repercusiones externas del hecho.
Hay analistas ecuatorianos que advierten un exceso de confianza y capricho en la acción oficial en la Embajada mexicana, motivada según ellos por la pugna entre el correísmo y el anticorreísmo, una dualidad política que ha marcado la vida del país en los últimos 17 años.
Sin embargo, sociólogos como el catedrático Napoleón Saltos presumen que también se han puesto en juego percepciones sobre la soberanía nacional de los Estados y la aplicación y respeto a los instrumentos jurídicos internacionales.
Por ello, opinó que lo sucedido en la Embajada de México en Ecuador bien podría considerarse como un experimento para interpretar otros contextos en las relaciones políticas internacionales y que, según él, tiene un precedente en el reciente ataque israelí a la embajada de Irán en Siria.
De momento, dijo el catedrático, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos de integración regional deberían superar el discurso de condena y formular respuestas más firmes sobre los principios de soberanía que rigen en la región.
Sobre todo, formulaciones que impidan nuevos acontecimientos similares a los que han llevado a la actual situación entre Ecuador y México.
También advirtió de connotaciones políticas electorales, tanto en México como en Ecuador, que están próximos a procesos de votación importantes.
Sin embargo, Saltos estimó que en este proceso de debate regional, Ecuador podría quedar aislado y sufrir las consecuencias de una acción que, al parecer, no calculó las implicaciones internacionales.
