Como había advertido una y otra vez, el Gobierno de EE UU ha anunciado este miércoles el regreso de sanciones contra el sector energético de Venezuela, al considerar que el régimen chavista no ha cumplido todos sus compromisos para poder celebrar elecciones libres en ese país. A partir de esta medianoche en Washington (las 04.00 horas GMT del jueves) expirará la llamada Licencia General 44, que durante seis meses ha permitido parcialmente a Caracas vender su gas y petróleo en los mercados internacionales. Las compañías afectadas por la cancelación tendrán hasta el 31 de mayo para terminar las operaciones incluidas en esa medida.
Aunque reconoce que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus representantes han puesto en marcha algunas de sus promesas sobre los comicios —entre otras cosas, la actualización de registros electorales—, Estados Unidos considera que “no han cumplido uno de los compromisos más fundamentales”: permitir que la oposición pueda presentar a sus candidatos preferidos, según ha declarado un alto cargo de la Administración del presidente Joe Biden, que habló bajo la condición del anonimato sobre el paso anunciado este miércoles.
La comisión electoral venezolana ha inhabilitado como candidata a la líder de la oposición María Corina Machado, vencedora por gran mayoría de las primarias de su plataforma, y veta que pudiera presentarse en su lugar la sustituta designada, Corina Yoris. Ante los repetidos bloqueos, la Plataforma Unitaria que agrupa a los principales partidos de la oposición ha acabado proponiendo de modo interino a Edmundo González Urrutia.
Washington había aprobado la Licencia General 44, que reducía sus sanciones al sector petrolero venezolano, en octubre, después de que el gobierno chavista y la oposición negociasen en Barbados un acuerdo para la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. La medida tenía una validez de seis meses pero podía renovarse si Estados Unidos evaluaba que Maduro daba los pasos prometidos. La Administración Biden sostiene que la decisión anunciada este miércoles se ha tomado tras un proceso que ha incluido consultas con sus socios en la región, incluida Colombia.
Además de la actualización del censo electoral, Venezuela también ha dado pasos para permitir la presencia de observadores internacionales en el voto y para establecer un calendario de procedimiento en los comicios. Pero Washington denuncia la “preocupante campaña de acoso e intimidación contra las figuras de la oposición simplemente por ejercer sus derechos políticos de asamblea y de hacer campaña”, en palabras de otro alto cargo que pidió el anonimato.
La retirada de lo que era la pieza principal en el alivio de las sanciones estadounidenses a Venezuela marca un giro en la política que había adoptado hasta ahora la Administración Biden de tendido de puentes hacia el Gobierno de Maduro.
En las deliberaciones sobre cómo proceder, los funcionarios estadounidenses han tratado de combinar dos objetivos. De un lado, intensificar la presión sobre Caracas para el desarrollo de elecciones libres. Del otro, evitar que el castigo pudiera desestabilizar el delicado mercado energético global y disparar los precios de los combustibles: un absoluto tabú en plena campaña electoral en EE UU, donde la marcha de la economía es uno de los asuntos principales. En marzo, el crudo venezolano alcanzaba sus precios más altos desde comienzos de 2020, impulsado por los compradores que se apresuraban a cerrar operaciones en previsión del regreso de las sanciones, según apuntaba entonces la agencia Reuters.
Washington tampoco quiere arriesgarse a desencadenar una avalancha de migrantes venezolanos hacia la frontera sur de Estados Unidos, otra patata caliente para Biden y su equipo en la igualadísima batalla por la reelección el próximo noviembre.
Así, el plazo de transición de 45 días pretende permitir que los afectados por la medida “puedan cerrar sus operaciones de manera ordenada y no provocar efectos indeseados”, según han apuntado los altos cargos de la Administración Biden. Precisan también que el levantamiento de la medida no afectará a las licencias particulares que Washington otorga, caso por caso, a determinadas empresas que solicitan poder comerciar con el gas y petróleo venezolano. Los permisos individuales podrán seguirse solicitando.
Y la retirada de la licencia “no debe percibirse como una decisión final de que hemos dejado de creer que Venezuela pueda celebrar elecciones incluyentes y competitivas”, subrayaban, apuntando la posibilidad de restablecerla, o aprobar una medida similar, en caso de que Caracas optara por aplicar los pasos que Washington reclama.
“La vasta mayoría de los venezolanos sigue queriendo, y haciendo todos los esfuerzos posibles, para lograr unas elecciones competitivas en 2024 con un candidato serio de oposición … vamos a seguir nuestros contactos con todas las partes interesadas, incluidas los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano hacia un futuro mejor”, insistían.
Horas antes del anuncio, un grupo de senadores republicanos había instado a Biden a no renovar la licencia. “No debemos renunciar a la presión estadounidense levantando las sanciones mientras el Gobierno de Maduro hace caso omiso deliberadamente de sus obligaciones”, alegaban los legisladores en una carta abierta.
