El gobierno de Estados Unidos presentó una queja en contra de la empresa Volkswagen, por la presunta violación a los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva en su planta de Puebla.
El periódico La Jornada informó que así lo plantea una solicitud de investigación, enviada al gobierno de México, bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC.
En la petición se plantea además una sanción inicial a la armadora, ya que “se instruyó al Departamento del Tesoro a suspender la liquidación de aranceles sobre bienes de la empresa que fabrica vehículos y repuestos para automóviles Volkswagen”.
Las autoridades de ese país argumentaron que en 2023, la compañía de origen alemán exportó más de 300 mil vehículos, incluido el 67 por ciento para la venta en Estados Unidos.
Asimismo, el Comité Laboral Interinstitucional encontró “pruebas suficientes y creíbles” de que se negaban los derechos de los trabajadores, por lo que inició la solicitud de revisión.
En una declaración, la subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales, Thea Lee, sobre la queja laboral identificada como número 23, se dijo “preocupada” por las presuntas violaciones de la libertad sindical contra 10 sindicalistas en la planta de Volkswagen en Puebla.
“Tomar represalias contra los trabajadores por sus actividades sindicales viola los derechos básicos y fundamentales de los trabajadores que protege el T-MEC”, dijo.
La solicitud obedece a una petición presentada el 25 de abril de 2024 por 10 trabajadores despedidos, quienes alegan que Volkswagen México violó la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva de los trabajadores en la planta, la más grande y más antigua en funcionamiento del país.
Volkswagen México en Puebla emplea alrededor de 6 mil 100 trabajadores de la línea de ensamblaje, 5 mil empleados supervisores o de confianza y miles de trabajadores de ensamblaje de piezas.
La planta de ensamblaje fabrica 2 mil 300 vehículos al día compuestos por seis modelos diferentes.
El gobierno mexicano tiene 10 días para decidir si realiza una revisión y 45 días para investigar los reclamos y presentar sus conclusiones, detalló el diario mexicano.
