Quito. El primer despacho de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en territorio ecuatoriano quedó inaugurada este miércoles, con la presencia de la vicepresidenta María José Pinto y en compañía de Lawrence Petroni, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Quito.
Con esta, la FBI suma otra a las 60 oficinas en embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo que operan en colaboración con fuerzas de seguridad locales para combatir el crimen internacional. Para las autoridades ecuatorianas, la firma del memorando de entendimiento marca el inicio de una alianza operativa permanente entre la FBI y la Policía Nacional de Ecuador.
De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, el objetivo primordial de esta nueva sede es enfrentar de manera conjunta las amenazas de terrorismo, la inteligencia extranjera y el crimen organizado que afectan a la región. Sin embargo, aclaró que los agentes del FBI ya venían actuando en territorio ecuatoriano, de acuerdo al convenio de cooperación en materia de seguridad, refrendado por Daniel Noboa en 2024, después de la firma realizada por el expresidente Guillermo Lasso en 2023.
Petroni acotó: “Estados Unidos es un socio estratégico de Ecuador a largo plazo en esta lucha. La firma de hoy envía un mensaje claro: nuestra alianza es estratégica y operativa. Espero que los resultados de la presencia permanente de la FBI se vean pronto”.
La oficina de la FBI, que funcionará bajo la modalidad de agregaduría legal, permitirá que agentes especiales y personal de apoyo trabajen de la mano con las autoridades locales. Asimismo, coordinará cursos de entrenamiento para la Policía Nacional en técnicas de investigación avanzadas y principios del estado de derecho. Por otro lado, se contará con apoyo operativo para ayudar en la localización de fugitivos y proporcionar asistencia técnica en casos de crisis o desastres naturales.
Aunque esta es la primera oficina física, la FBI ya ha colaborado previamente en casos críticos en Ecuador. Entre ellos, la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023, y el peritaje tras el atentado con coche bomba en San Lorenzo, Esmeraldas, en 2018.
