El recorte presupuestal de 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) es “fuerte” pero no comparable con impactos en ejercicios anteriores, dijo la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, al reiterar que la merma no pone en riesgo las elecciones.
“El presupuesto que el INE presentó tiene sustento en todas y cada una de las actividades que jurídicamente nos establece la Constitución y que da salida al proceso electoral 2023-2024, que también debo de decir a la ciudadanía que tras el recorte con toda responsabilidad habremos de analizar y poner a salvo el proceso electoral”, expuso.
Señaló que la Cámara de Diputados reconoció que el país está en pleno proceso electoral, pero también dejó en claro que si hubiera alguna petición de consulta popular (el plazo para solicitarla vence el 30 de noviembre), serían los legisladores quienes tendrían que darle ese dinero al INE.
“Hubo un avance sustancial en el reconocimiento de las actividades del INE. El año anterior le descontaron 4 mil millones, hoy estos 5 mil tienen que ver con tres mil 500 del presupuesto precautorio (para eventuales consultas ciudadanas)”.
Por lo pronto, la comisión especial de presupuesto analizará los conceptos en los que se aplicaría el recorte efectivo de mil 500 millones, de una petición general inicial de 23 mil millones. En una primera evaluación, Taddei dijo que el impacto podría compensarse al eliminar, por ejemplo, algunos foros y encuentros académicos.
“El Instituto trabaja con un presupuesto base y con cartera de proyectos; a diferencia de otras instituciones que van por capítulos de gasto. En esta carpeta de proyectos es donde tendremos que buscar, sin afectar el presupuesto base y, por supuesto, sin poner en riesgo el proceso electoral”.
Entrevistada al término de la sesión extraordinaria de este jueves, indicó que el consejo general debe definir y aprobar el nuevo esquema presupuestal para 2024.
El INE, sin recursos para consultas
Carla Humphrey, presidenta de la comisión de Presupuesto 2024, señaló que el recorte es una “mala noticia y claramente afectará la función institucional”. No obstante, una opción, dijo a título personal, podría ser reducir el gasto de los meses posteriores al proceso electoral, esto es, en septiembre y octubre.
Igualmente acelerar la transición digital y que en el futuro – como ocurrirá el año entrante- no se impriman 312 millones de boletas.
Igualmente, ante una solicitud de consulta, subrayó que el INE pediría recursos a la Cámara de Diputados porque el organismo no tiene recurso para ello. En caso de una negativa, añadió Humprhey, iríamos a la Suprema Corte de Justicia.
