La muerte de Nemesio Oseguera, conocido como el “Mencho”, marca un parteaguas y envía un mensaje inequívoco de un estado que ha decidido ejercer su fuerza sin ambigüedades.
Durante mucho tiempo la estrategia de seguridad se movió en una zona gris entre la contención y la renuncia, se sabía dónde estaba, se conocían sus movimientos, su red, sus refugios, pero no se cruzaba la línea y esta postergación tuvo un costo: territorios sometidos, comunidades extorsionadas, instituciones desafiadas.
El gobierno de la presidenta optó por otra vía, privilegiando la inteligencia, la coordinación operativa, el uso de la fuerza pública y sobre todo tomando una decisión soberana, México no actuó como brazo ejecutor de otro país, actuó como un estado que asume su responsabilidad frente a su propia crisis de violencia.
El fin del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación es el símbolo más visible de ese giro, también muestra un estado que actúa, aún pagando un alto costo, y reafirma el legítimo uso de la fuerza.
El operativo fue doloroso, con soldados y guardias nacionales caídos, pero el crimen organizado respondió con bloqueos, incendios, carreteras cerradas y ciudades paralizadas durante horas.
Aunque esto no borra décadas de violencia ni desmantela de un plumazo una red criminal que ha penetrado estructuras sociales, políticas y economías locales; sí establece una línea: hay límites que no pueden seguir siendo tolerados.
No es el fin de la historia, la experiencia enseña que cada líder puede ser sustituido, que la fragmentación de los carteles puede aumentar la violencia, por eso el desafío es consolidar el control territorial, proteger a la población civil e impedir que el vacío de poder se traduzca en nuevas guerras locales. Este es el verdadero golpe sobre la mesa, la violencia no se desactiva por consigna, el estado está antes que el crimen.
