El gobierno de Massachusetts y funcionarios federales se reunieron para ayudar a las familias que se encuentran en el sistema de refugio del estado a obtener permiso de trabajo. La reunión ocurre en medio de una demanda colectiva que podría obstaculizar el proceso.
Los defensores de los inmigrantes presentaron una demanda para impedir que la gobernadora Maura Healey imponga lo que consideran un límite al número de familias a las que se concede refugio inmediato en el estado.
La gobernadora Healey ha instado a los funcionarios de la administración Biden a agilizar el proceso de obtención de permisos de trabajo.
Los permisos de trabajo son un paso fundamental para que los refugiados puedan conseguir un empleo y salir del sistema de refugios del estado, que ya está colapsado.
Un esfuerzo para que los refugiados trabajen
La administración Healey y el Departamento de Seguridad Nacional organizarán una jornada de autorización de trabajo exclusivamente para inmigrantes que viven en refugios familiares de emergencia.
El Estado se encargará de concertar las citas y organizar el transporte, mientras que funcionarios del gobierno de Biden recogerán y tramitarán las solicitudes de autorización de trabajo.
La gobernadora Healey detalló que esta iniciativa de empleo para refugiados impulsará los esfuerzos del estado por poner en contacto a más familias en los refugios con ofertas laborales, ayudándoles a mantener a los inmigrantes y a encontrar estabilidad.
La demanda contra Healey
Los defensores de inmigrantes presentaron una demanda contra la gobernadora Healey por sus intentos de regular el número de inmigrantes a las que se proporciona refugio.
Hace quince días, Healey advirtió que el sistema de albergues familiares de emergencia del estado estaba llegando su capacidad total de 7.500 familias, lo que equivale a unas 24.000 personas.
La gobernadora expresó su preocupación por la expansión insostenible del sistema, dada la afluencia de familias inmigrantes recién llegadas.
En cumplimiento de la ley sobre el “derecho al refugio”, Massachusetts está obligado a ofrecer alojamiento a las familias que reúnan los requisitos a través de su programa de ayuda de emergencia.
A pesar de esto, la gobernadora Healey anunció que a partir del 1 de noviembre se evaluará a las familias que soliciten refugio, dando prioridad a las más necesitadas. Las que no puedan ser alojadas inmediatamente pasarán a una lista de espera.
Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Civiles), una organización sin ánimo de lucro con sede en Boston, expresó su preocupación, alegando que estos cambios se están precipitando sin una consulta pública adecuada ni el preaviso necesario a la Asamblea Legislativa.
Las familias inmigrantes siguen viviendo en diversos lugares de 90 ciudades y pueblos, desde albergues tradicionales hasta lugares improvisados como residencias universitarias. Dado que casi la mitad de los que se encuentran en refugios de emergencia son niños.
